MADRID, 21 (OTR/PRESS)
La crisis se ha convertido en oportunidad de una contrarrevolución conservadora que situará al país muy lejos de los parámetros de libertades y derechos que fue conquistando paulatinamente a lo largo de la transición y el primer periodo de democracia estable de España.
Además de una nueva ley general de educación, elitista y censitaria, el Gobierno ha aprovechado la situación socioeconómica no solo para recortar servicios sino para privatizar una parte importante de los que prestaba el estado: educación, sanidad, gestión de infraestructuras, televisiones públicas.
Queda un hueso duro de roer. La legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Un asunto que en todos los países de la UE está zanjado desde hace años y goza de una estabilidad legislativa que no entra en la agenda política.
La Iglesia española nunca ha renunciado a imponer una moral oficial católica en la legislación española. Y dos han sido sus principales caballos de batalla. Un sistema educativo con instrucción católica obligatoria y un intento de eliminar o reducir al mínimo el derecho de las mujeres ha decidir sobre su embarazo.
Alberto Ruiz Gallardón, en un ejercicio dialéctico insoportable para la razón, realizó una polémica intervención en el Congreso de los Diputados, en marzo de 2011, en las que aludía a que las mujeres se veían sometidas a «violencia de género estructural por el mero hecho del embarazo». Y hablaba de que «muchas mujeres han violentado su derecho a ser madres por la presión que ejercen a su alrededor determinadas estructuras». Pero curiosamente no hacía alusión a la penosa situación económica de muchas mujeres en España como consecuencia de la crisis, en donde podría radicar esa violencia contra la maternidad, sino a la supuesta presión existente para que sometieran a un aborto.
Esta increíble trampa dialéctica ha estado presente en la agenda del ministro de Justicia y amenaza la redacción del texto definitivo, que está garantizado que restringirá todavía más los supuestos contemplados para poder acceder a una interrupción del embarazo legal.
En las encuestas se demuestra que las intenciones del ministro están lejos del sentir mayoritario de la población. Y, además, el sentido común garantiza que una nueva ley restrictiva en un momento en que muchísimas mujeres españolas están siendo afectadas gravemente por la crisis, volverá a crear un escenario en el que las mujeres que gocen de recursos económicos volverán a desplazarse al extranjero para interrumpir su embarazo y muchas se verán arrojadas de nuevo a la clandestinidad.
En plena oleada de escándalos de corrupción, con los partidos tradicionales excluidos de la credibilidad de los ciudadanos, habrá que ver la influencia real de la Iglesia Católica en esta contrarreforma, la capacidad de movilización del feminismo dentro de la izquierda española y la supervivencia de una democracia moderna y representativa en esta España gobernada con tentación involucionista.
