MADRID, 23 (OTR/PRESS)
Quienes instan al Partido Popular para que desde el Gobierno cumpla con su promesa de adelgazar la estructura del Estado -incluidas autonomías, ayuntamientos y empresas públicas- no deberían alimentar esperanzas. No sucederá; no habrá reforma ni recortes de personas en la Administración. No lo veremos, sencillamente porque sería tanto como pedir a un dentista que se sacara una muela y resulta que quien mejor sabe del dolor que apareja una extracción dentaria es, precisamente, el dentista.
Por eso nadie espera que Mariano Rajoy lleve a cabo la reforma de la estructura de las administraciones (estatal, autonómica, municipal, cabildos, diputaciones y empresas públicas) que, como sabemos, se superponen y solapan unas a otras a la manera de las capas de la cebolla. Se solapan dando pie a duplicidades en la función y a una exagerada, hinchada y costosa partida de nóminas que hay que pagar a fin de mes.
Más de tres millones y medio de ciudadanos. Funcionarios de carrera y oposición que han ganado plaza con esfuerzo y mérito junto a empleados de la función pública contratados a dedo en razón de afinidades políticas. Y empleados de empresas públicas cuya actividad, en ocasiones, roza el misterio. Hace unos días, en el transcurso de una entrevista, hablando de los obstáculos (burocráticos) que hay que orillar para cerrar una empresa pública la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, reconocía que todavía existe una empresa creada al calor de la promoción de los Juegos Olímpicos celebrados en Barcelona en 1992. ¡Veintitrés años después, todavía hay gente que sigue ordeñando aquella vaca!. Es incomprensible, por no emplear otra palabra. Cuando las cosas iban bien, cuando la economía carburaba, el país no estaba en recesión, no había cerca de seis millones de parados y teníamos un déficit tolerable (ahora es el 10 por ciento real y el 7,1 si no sumamos el rescate de las cajas de ahorros), el despilfarro en algunos segmentos de lo público se disimulaba mejor. Pero ahora hemos llegado a un punto en el que la suma de todo resulta, sencillamente, insoportable para las clases medias y las empresas medianas y pequeñas asfixiadas por una fiscalidad que roza lo confiscatorio.
Puesto que el señor Rajoy preside el Gobierno y su partido controla la mayor parte de las autonomías y el grueso del poder municipal, creo que ya no puede aplazar más la cita. Aunque le cueste, le ha llegado el momento de pedir hora con el dentista.
