MADRID, 26 (OTR/PRESS)
Las Fuerzas de Seguridad del Estado impidieron que fuese a más la convocatoria de algunos colectivos empeñados en asaltar el Congreso o, al menos, crear la apariencia de acoso al órgano de la soberanía nacional. Al final, la jornada del 25-A se quedó en las consabidas detenciones, carreras y heridos. Nada grave. Sin embargo se han producido ciertos ecos políticos y mediáticos exagerados que no se compadecen con la verdadera dimensión de los incidentes del jueves por la tarde en el entorno de la carrera de San Jerónimo de Madrid.
Esta tendencia a la exageración encuentra el oportuno pretexto en los métodos intimidatorios del movimiento contra los desahucios. Por ser intimidatorios son reprobables, aunque eso no debe llevar a sacar las cosas de quicio. Lo hace el PP al usarlos para hacerse la víctima y desviar la atención de sus problemas.
La intimidación no es aceptable como método para abrirse paso. Pero también es intimidación la amenaza bancaria o judicial que sufre una familia expuesta por impago al desalojo de su vivienda. Puede ser una comparación odiosa. En todo caso, no tan odiosa como relacionar los escraches con el fascismo y el terrorismo. Es lo que ha hecho la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Semejante enormidad ha dado pie a un similar rasgado de vestiduras en el caso del reciente intento de asalto al Congreso por parte de unos cuantos alborotadores amparados en una mayoría incompatible con la violencia.
Más duelen las cornadas del paro que las de estos activistas que actúan ocasionalmente. Carecen de la capacidad desestabilizadora que tienen los seis millones de parados y el creciente desprestigio de las instituciones. No obstante, es la excusa de muchos para dar lecciones de democracia. Excusas no faltan. Desde los escraches hasta los puñetazos de Beiras sobre la tribuna del parlamento gallego. O las declaraciones de Gonzalo Moliner, presidente del Consejo General del Poder Judicial.
Peor ha sido la soltura de algunos políticos y comentaristas que han calificado de intento de golpe de Estado el «asalto» al Congreso (afortunadamente impedido por los antidisturbios). No se quedó muy atrás la reacción oficial del PP. A su vicesecretario general, Carlos Floriano, no se le ocurrió otra cosa que hacer un llamamiento a la defensa de las instituciones democráticas. Ya sabemos que han sufrido serios desperfectos de imagen y concepto, aunque no por los bastonazos de la izquierda radical.
Otras cosas hacen más daño hacen a la soberanía nacional. Por ejemplo, ese millón largo de puestos de trabajo destruidos desde que Mariano Rajoy entró en Moncloa bajo promesa de enderezar el desastre del Gobierno anterior. A la Democracia le duele más la herida del paro que las reprobables acciones de los cuatro chicos de la gasolina que la otra noche jugaron a la «kale borroka» en los alrededores del Congreso.
