MADRID, 9 (OTR/PRESS)
Uno de los principios básicos por los que debe de regirse lo que de manera un poco pomposa se denomina «Estado de Derecho» es que este tiene que aplicar de forma implacable los mecanismos con los que cuenta para hacer cumplir la ley a todos los ciudadanos. Mucho más cuando un ciudadano que tiene el rango de Presidente de Comunidad Autónoma anuncia a los cuatro vientos que no está dispuesto a acatar la ley.
Este es el caso, ni más ni menos -no pretendo hacer un chiste fácil con las palabras- del Presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas. Porque conviene recordar que según la Constitución y el Estatuto de Autonomía, el Presidente de la Generalitat es el máximo representante ordinario del Estado en su Comunidad Autónoma. Y claro, ustedes me dirán, que ejemplo da a los ciudadanos de a pié que si, pongo por caso, no pagan sus impuestos pueden acabar en la cárcel, que una autoridad pública desafíe de manera tan evidente el cumplimiento de la ley.
Viene esto a cuento de la reacción que han tenido Artur Mas y los partidos de corte nacionalista en Cataluña, ante la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional del recurso presentado por el Gobierno de la Nación contra la declaración soberanista aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado 23 de enero y en la que se otorgaba al pueblo de Cataluña carácter de «sujeto político y jurídico soberano» lo cual entra en evidente contradicción con el artículo 1.2 de la Constitución en el que se dice que la soberanía reside en el pueblo español. Mas se apresuró a criticar tal decisión, a aseverar que la misma cuestiona la voluntad de las urnas -en referencia a la mayoría de catalanes que votaron a partidos favorables al derecho a decidir en las últimas elecciones autonómicas- y a señalar que «pese a los obstáculos, no vamos a congelar nada, el camino sigue».
Ante una actitud tan desafiante como la mostrada desde hace meses por el Presidente de la Generalitat, el Gobierno de la Nación lo que tiene que hacer es aplicar la ley y hacer que esta se cumpla. Mecanismos tiene para ello. Lo que hace falta es eso que de una forma un tanto cursi se llama «voluntad política». Y es ahí donde pueden surgir las dudas si se analiza la forma tan peculiar que tiene el actual Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de enfrentarse a los problemas o conflictos de índole política. Si alguien piensa que Artur Mas, su partido CIU o Esquerra Republicana de Cataluña van a abandonar la senda secesionista, es que o son muy ingenuos o simplemente se niegan a aceptar la realidad. Por el bien de los catalanes que no son independentistas y pensando en preservar la unidad territorial, esperemos que Rajoy no esté en ninguno de esos dos grupos y que tanto el como su Gobierno cumplan con su obligación de hacer que se acate la ley.
