MADRID, 9 (OTR/PRESS)
Llegaron enfundados en monos naranjas dispuestos a hacer una llamada atención a los ciudadanos sobre la ley de Costas que sus señorías iban a votar en el pleno del Congreso. Ni cortos ni perezosos los activistas de Greenpeace intentaron encaramarse al techo del Congreso, pero sus intentos fueron inútiles. La policía se hizo con ellos y terminó arrestando a ocho de los miembros de Greenpeace que llevaban una pancarta en la que habían escrito «EL PP vende nuestras costas».
Dirán ustedes que con la que está cayendo a cuenta de la crisis, o de la resolución del Tribunal Constitucional respecto a la declaración soberanista del Parlamento catalán, o la huelga de educación por no ir más lejos, que importancia puede tener una nueva la ley de Costas, pero tenerla la tiene. Porque a partir de que la ley aprobada por el Congreso empieza su andadura nuestras costas quedarán un poco más desprotegidas de lo que ya lo estaban.
No hace falta ser ningún lince, todo aquél que haya viajado por algún tramo de las costas españolas ha podido comprobar las barbaridades urbanísticas y la destrucción del medio ambiente que, durante años, se han llevado a cabo de manera sistemática ante la desidia y complicidad de las distintas administraciones públicas.
Los activistas de Greenpeace son la pesadilla de los Gobiernos porque sus acciones siempre tienen una dimensión que terminan siendo objeto de publicidad, que es la mejor manera de llamar la atención sobre los problemas que quieren denunciar. Así que por más que el presidente del Congreso Jesús Posada se llevara un sobresalto, y que las fuerzas de seguridad tuvieran que actuar para desalojar a los activistas de Greenpeace, lo cierto es que gracias a ellos hoy habrá muchos miles de ciudadanos que se enteren de que va la consabida ley de costas que dicho sea de paso cuenta con el rechazo de la oposición.
La ley de Costas es una de esas leyes que los populares han sacado adelante sin importarles las criticas de la oposición. Algunas de las cuales coinciden con las que viene haciendo Greenpeace. Por ejemplo, a partir de ahora se reduce la franja de protección de la costa de cien a veinte metros. Una auténtica barbaridad que va provocar un desastre medioambiental y que va a afectar de manera directa a dunas y humedales. Sus señorías no han tenido en cuenta por ejemplo de las consecuencias de una subida del nivel del mar por no hablar de los efectos en el cambio climático.
La pregunta que hay qué hacer es el porqué de está medida, y la respuesta es que favorece intereses que no son precisamente los generales. Como recuerdo los informes elaborados por la UE y el Parlamento Europeo en que se denunciaba que las costas españolas se han convertido en bloques de cemento dado el altísimo nivel de construcción. Con está ley algunos se van a poner las botas porque van a poder construir urbanizaciones prácticamente a orilla del mar.
Lo que es evidente es que la nueva ley de Costas no va a servir para proteger las costas sino para dejarlas al albur de lo que las administraciones locales quieran hacer con ellas. O sea un desatino. Por eso Greenpeace ha anunciado que va a presentar una queja ante la Comisión Europea para que estudian si la ley española vulnera las directivas comunitarias sobre las repercusiones que esta ley tenga en el medio ambiente, amen de los efectos sobre la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora.
Ojalá, se imponga la Europa de la razón y no la de los mercaderes para que desde Bruselas se impida que definitivamente España se quede sin costas.