MADRID, 10 (OTR/PRESS)
Según el decir de las crónicas de la época, en el verano de 1898, a un ministro del Gobierno liberal que presidía Sagasta, la noticia de la pérdida de Cuba le sorprendió en los toros, pero no por eso abandonó la plaza; siguió sentado hasta que terminó la corrida. En sintonía con una corriente fatalista, por árabe, muy española, debió pensar que no merecía la pena preocuparse por lo que ya no tenía remedio.
No digo que algo similar este ocurriendo ahora en el seno del Consejo de Ministros en relación con la «cuestión catalana», aunque hay días que lo parece. Lo parece, al hilo de la parvedad y cautela con la que se manifiestan en las alturas al hilo de los diferentes episodios que han convertido la deriva independentista del actual presidente de la «Generalitat» en un caso de abierto desafío al ordenamiento jurídico que emana de la Constitución. Qué recuerde, sólo Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia, habló con claridad para recordar que desobedecer a un tribunal ya es delito. Lo hizo a raíz de que el pasado mes de septiembre el Parlamento de Cataluña aprobara celebrar una consulta de autodeterminación. En relación con éste asunto, que en términos políticos es el mayor problema que tiene España, al presidente Mariano Rajoy apenas le hemos oído decir algo. Le cuesta entrar. Mejor dicho: no quiere hablar de ello. En realidad prefiere huir de éste y de cualquier otro asunto en el que la incomodidad tenga asiento. Su conocida filosofía -«No tomar decisiones, ya es una decisión»-, parece que guía su agenda en relación con el desafío planteado por Artur Mas. Es verdad que en ocasiones, un exceso de exposición ante la opinión pública puede ser perjudicial para encarrilar determinadas cuestiones políticas, pero, en democracia, la política tiene una componente pedagógica inexcusable. La gente tiene derecho a saber qué piensa el presidente sobre éste problema y qué va a hacer el Gobierno de España para resolverlo.
Hablo a menudo con familiares y amigos que viven en Barcelona y raro es el día en el que la conversación no incluye alguna observación o pregunta sobre qué va a pasar y cómo va a terminar todo este asunto. Es una preocupación tan fundada como legítima porque desde los medios afines a la «Generalitat» se difunde un discurso rupturista que es origen de no poca inquietud entre los ciudadanos de Cataluña que quieren seguir siendo españoles. Son ellos quienes más necesitan que se les diga cómo están las cosas y cuales son los pasos a dar por el Gobierno para afrontar el problema y resolver la situación con arreglo a lo establecido por nuestra Constitución. Llegados a dónde se ha dejado llegar, el Gobierno debería decir qué piensa y cómo va a resolver la «cuestión catalana».
