MADRID, 15 (OTR/PRESS)
Un debate preventivo en toda regla. La venda antes de la herida. Eso es la polémica abierta entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno central respecto al techo de déficit para el año en curso. Ni siquiera sabemos cuál va a ser el techo del todo y ya se está discutiendo el de las partes. Ignoramos el calendario de España (plazos) para alcanzar el 3% comprometido con la Unión Europea, porque esa decisión depende del examen de Bruselas al plan de estabilidad y reformas presentado por el Gobierno español. Y el resultado de ese examen no lo conoceremos antes del próximo 29 de mayo.
Sin embargo, todo el mundo ya da por hecho que al Reino de España se le fijará un techo del 6,3% para 2013, del que un 1,8% de media corresponderá a las Autonomías. ¿A todas igual? Esa es la pregunta que carga el debate interno en la pirámide de poder del PP. Se desencadenó con unas declaraciones del secretario de Estado de Hacienda. Mirando a Cataluña, Antonio Beteta dijo públicamente que las autonomías diferentes tienen que tener un tratamiento diferente. Y se lió parda, con fulminantes reacciones de Monago (Extremadura), González (Madrid), Sanz (Rioja), Feijóo (Galicia) y Rudi (Aragón). Se malician con fundamento que Moncloa ha pactado con la Generalitat de Cataluña un trato deferente y reclaman, con razón, un objetivo simétrico e igual para las diecisiete Comunidades.
Frente a esa posición, el discurso oficial recuerda que, si hay asimetría en la Unión Europea, a la vista de los distintos puntos de partida y las distintas situaciones económicas de los 27 Estados, es normal que también se aplique a las 17 Comunidades Autónomas, dejando a salvo el principio simétrico respecto al resultado final: un 3% de déficit público con carácter general, aunque sean asimétricos los calendarios. Se entiende el argumento pero se contradice con el que sostenía en sus inicios el Gobierno Rajoy (finales de 2011). Entonces aplicó la simetría con todas las consecuencias, pero no todas las Comunidades se esforzaron simétricamente. Unas cumplieron y otras no. Entre las incumplidoras está Cataluña, casualmente embarcada por sus gobernantes en un proceso independentista. Tendría un difícil e incómodo encaje mental un trato de privilegio, a la hora de repartir sacrificios, precisamente para quienes propugnan la separación de España (me refiero a la nacionalismo gobernante, obviamente). Sería como si el Gobierno de la Nación estuviera financiando la pretensión de quienes quieren abandonar la Nación.
Es de cajón: si se relaja el objetivo de lucha contra el déficit en una determinada Comunidad, otra Comunidad, u otras, han de hacer un sobreesfuerzo compensatorio. Y es lógico que en la cruzada por la consolidación fiscal nadie quiera ser el pagano de un posible cuadro de tareas a la carta. Y mucho menos las Comunidades que se esforzaron en hacer los deberes el año pasado.
