MADRID, 31 (OTR/PRESS)
Las tres mujeres muertas por violencia machista en los tres últimos días elevan a 32 el número de víctimas en lo que llevamos de año. Un trágico aldabonazo en la conciencia colectiva que invita a preguntarse si no habremos bajado la guardia en un asunto de máxima implicación social, política, legislativa, mediática, etc. Y, por supuesto, máxima implicación del Estado, que se ha visto obligado a intervenir en defensa de un colectivo vulnerable, o al menos en un escalón más abajo que el hombre en las relaciones de poder.
Esa es la perspectiva fundacional de la llamada Ley de Violencia de Género, promulgada a finales de 2004. Me refiero a la exigible implicación de los poderes públicos en un asunto de apariencia privada, que no lo es. La propia ley lo explica en su exposición de motivos, al señalar que se manifiesta como «el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad», añadiendo que ese tipo de violencia «se dirige sobre las mujeres por el mismo hecho de serlo, al ser consideradas por sus agresores como carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión».
Con la citada ley, los consabidos protocolos de actuación judicial y policial, así como las persistentes campañas de mentalización, prácticamente se ha hecho lo que se podía hacer. Sin embargo también a esta tarea de interés general han llegado los recortes. Según las explicaciones del Gobierno, no es muy eficiente destinar ahora más recursos a luchar contra la violencia de género porque, con los recortes que se hicieron en 2012, hubo en ese año menos mujeres muertas (52) que en 2011 (61). Cierto. Pero en lo que llevamos de 2013, sin haber llegado al ecuador, se ha rebasado con creces la mitad de víctimas mortales que en 2012. Estamos a finales de mayo y ya van 32 muertas.
Es un hecho verificable en cifras que a finales de febrero de este año había 2.000 mujeres menos que en octubre de 2012 acogidas a diferentes sistemas de protección. Y un 6% menos de mujeres con servicio de teleasistencia. Todo lo cual permite hablar con fundamento de disminución en las medidas de protección, reducción de fondos presupuestarios para proyectos preventivos y apagones de servicios municipales de ayuda a las víctimas que están previstos en el proyecto de reforma de las Administraciones Locales.
En el PSOE se denuncia un escaso interés del Gobierno Rajoy por el problema de la violencia de género. Y, además de los recortes anteriormente mencionados, se apuntan otras pruebas de la supuesta desidia oficial. Por ejemplo, la supresión de Educación para la Ciudadanía en la reforma educativa del Gobierno o la minoración de penas para los agresores que se contempla en el anteproyecto de reforma del Código Penal.
Seguramente sería muy aventurado relacionar todo esto con el rebrote de casos, pero es evidente que se ha bajado la guardia.
