MADRID, 10 (OTR/PRESS)
Llevábamos meses soportando el bombardeo de números y proyecciones que tienden a meter el miedo en el cuerpo a la gente con el mensaje de que si no se reforma el sistema, dentro de 15 o veinte años, no habrá dinero para pagar las pensiones porque habrá más jubilados que cotizantes. Son los mismos argumentos que manejaban otros expertos que a mediados de los 90 pronosticaron que en 2010 se habría hundido el sistema. A la vista está que no ha sido así. Entonces y ahora proponían como alternativa retrasar la edad de jubilación, bajar la cuantía de las pensiones y, la panacea: contratación de planes privados de pensiones. Gran negocio para bancos y empresas de seguros. Junto a la privatización de la sanidad, la bolsa de las pensiones es el penúltimo gran «nicho» de negocio que olfatea el sector financiero.
Por eso, a través de los informes de determinados expertos (economistas y demógrafos) han inundado el sistema de voces alarmistas. Meten miedo para que la gente acepte de manera resignada nuevos recortes, en éste caso a un derecho adquirido por quienes a lo largo de toda su vida laboral han estado cotizando. Cotizando para que pudieran cobrar la pensión quienes ya estaban jubilados en la idea y el compromiso de que la siguiente generación haría lo mismo por ellos. Ahora vienen los expertos y dicen que nada está garantizado y que, por sí acaso, que la gente vaya haciéndose a la idea de que lo mejor es contratar un plan de pensiones con algún banco. Se han olvidado de la Constitución, pero no del negocio. Han olvidado que detrás de las pensiones hay un mandato constitucional. «Los poderes públicos, garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad» Artículo 50 de la Constitución Española. Mandato que obliga a los políticos de todo signo y que fue el que en su día alumbró el Pacto de Toledo que, entre otras virtudes, comprometía a dejar el asunto de las pensiones al margen de la pugna partidista.
Por desgracia ya no es así. El Gobierno que ya tiene decido el camino a seguir -alargando el período de cotización y acortando la cuantía de la pensión- cubre las apariencias encargando a un grupo de expertos un informe cuyas recomendaciones, mira por dónde, coinciden con las ideas del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy. Por su parte, el PSOE por boca del secretario general, Pérez Rubalcaba, dice que no pactará nada que no lo puedan hacer suyo los sindicatos lo que es tanto como decir que prefiere hacer de ventrílocuo. En resumen: que no habrá pacto. Qué en un asunto que afecta a un segmento de población -la tercera edad- tan numeroso como vulnerable, los políticos no sean capaces de ponerse de acuerdo, lo que a la postre añade más incertidumbre sobre el futuro de la pensiones, es una muestra más de la ceguera de nuestros actuales dirigentes. Y luego se sorprenden de que los ciudadanos les suspendan en las encuestas.
