MADRID, 18 (OTR/PRESS)
Es una historia de opereta, un enredo que debe ser aclarado con urgencia para dejar claro que este no es el país de la chapuza ¿o sí?. Ahora la Agencia Tributaria -el gran hermano que todo lo ve y todo lo controla-, admite sin más, que no comprobó el informe remitido la semana pasada al juez Castro, en el que constaba la venta de 13 propiedades inmobiliarias por parte de la Infanta Cristina. La Agencia sostiene que se limitó a enviar al juzgado de Palma los datos suministrados por terceros, es decir por notarios y registradores de la propiedad, sin entrar a valorar su veracidad. Y yo ,simplemente, no me lo creo.
Lógicamente al juez le ha faltado el tiempo para pedir a los registros de Almagro, Alicante y Barcelona que aclaren si la Infanta vendió 13 fincas por valor de 1,4 millones de euros, cosa que la Casa Real niega rotundamente. Entonces, ¿quien miente aquí? ¿quien es la mano negra que ha urdido este asunto? ¿la intención de esta maniobra era beneficiar o perjudicar a la hija del Rey? Hay demasiadas preguntas sin respuestas en todo este tema y resulta especialmente llamativo que estas propiedades no hayan aparecido ni hubiera rastro de ellas ni en la investigación patrimonial de la policía judicial, ni en la que la fiscalía anticorrupción ha realizado de la trama NOOS.
Es sencillamente increíble que se hablé de errores de terceros, porque no se van a equivocar en los datos enviados a Hacienda los registradores de localidades tan distintas y además, de haber sido ciertas esas operaciones, hubieran dejado huella en la propia Agencia Tributaria porque los vendedores tienen que pagar, obligadamente, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Por imaginar una teoría sin ninguna base real de momento, uno puede pensar que alguien ha querido dar a entender que el dinero de la Infanta es completamente limpio y legal y ¡qué mejor! que inventarse la existencia de ventas patrimoniales en lugares muy distantes por si cuela, aunque resulte burdo y absurdo. Incluso se puede ver al revés, que alguien, intencionadamente, ha planificado esta gran chapuza para poner a todos en evidencia y que se vea claramente las debilidades de un sistema que hace aguas por todos lados empezando por la temida Hacienda.
A estas alturas pretender poner puertas al campo judicial del caso Noos es absurdo porque la batalla esta completamente perdida ante la opinión pública. Claro que Urdangarin, la Infanta y cualquier ciudadano en este país tiene derecho a preservar la presunción de inocencia pero cuantos más datos sabemos de los «negocietes» del yerno del Rey amparándose en quien era, peor pinta tiene el asunto. Por eso lo que faltaba, por si fuera poco, es que se intente engañar al juez suministrándole informaciones falsas.
Sea como fuere el escándalo organizado es monumental hasta el punto de que el pasado viernes casi a media noche, la Casa del Rey tuvo que salir a desmedir que la Infanta haya sido propietaria de esas 13 fincas diseminadas por toda España, a cuyos propietarios legítimos, lógicamente, se les han puesto los pelos como escarpias. Incluso hay quien no descarta, yendo a una teoría más elaborada, que todo esto puede ser una operación de las cloacas del Estado para intoxicar y que parezca que toda la instrucción es mentira y finalmente las pruebas sean inconsistentes desde el punto de vista penal.
De una forma u otra el ministro Cristóbal Montoro está obligado a dar explicaciones y no puede escudarse en que carece de información de lo que hacen los técnicos. Si Hacienda no se molesta en comprobar si los datos que suministra a los jueces son ciertos o no ¡apañados vamos! y si todos los asuntos se manejan con tal nivel de incompetencia hay que echarse a temblar. A ver si va a resultar que la Agencia Tributaria sólo es diligente para perseguir a los débiles y mientras al común de los mortales nos tienen machacados a impuestos los poderosos por una u otra razón se van de rositas. ¿Cómo nos van a pedir luego confianza si Hacienda es evidente que no somos todos?
