MADRID, 21 (OTR/PRESS)
Sabido que reformar un Estado es tarea más compleja que crearlo, el plan de ahorro, reformas y supresión de algunos organismos y empresas públicas aprobado por el Gobierno, en principio, parece un paso dado en la buena dirección. ¿Que esperábamos más?, Si. ¿Qué puestos a podar el frondoso árbol de la Administración con sus ramificaciones autonómicas, municipales, «diputacionales» y comarcales creíamos que era más tarea de motosierra que de tijeras? Sí. Sí porque la ocasión era y sigue siendo favorable al Gobierno para aplicar cirugía expeditiva visto que dispone de casi todos los resortes de poder :Gobierno central, la mayoría de las comunidades autónomas y el grueso de los ayuntamientos. Desde la primera legislatura de Felipe González en la que el PSOE tenía 202 diputados, ningún presidente ha tenido tanto poder como el que tiene Mariano Rajoy. Quiere decirse que sí quisiera podría acabar con las diputaciones que se solapan con los ayuntamientos y podría, también, reducir las competencias de las comunidades que duplican las del Gobierno central.
Si no lo ha hecho, es porque en su carácter está el procurar no crear más problemas de los que ya tenemos y, problemas traería, desde luego, recortar poder a sus barones regionales y a sus alcaldes. Por eso, la reforma habla de «recomendaciones» -para, por ejemplo, reducir el número de parlamentarios autonómicos o de oficinas de defensores del pueblo- y no de suprimir por decreto. Se esperaba más, porque la deuda del Estado se acerca al 100 % del PIB y la gran sangría son las CCAA, pero, a mi modo de ver, aunque solo sea para ahorrar los siete mil y pico millones previstos, es un paso. Un paso dado en la buena dirección, confiando en que sea el primero de un largo recorrido para racionalizar la estructura, las dimensiones y el número de servidores del Estado.
