MADRID, 22 (OTR/PRESS)
El Tribunal Constitucional tiene un problema… con el Tribunal Constitucional. Y España, no digamos. La militancia activa, de cuota y carnet, del presidente del mismo, Pérez de los Cobos, en el Partido Popular, no sólo afecta gravemente la confianza de la ciudadanía en la imparcialidad e independencia de la institución, sino que convierte la mayoría parlamentaria del PP en un trasunto de poder totalitario al controlar prácticamente todos los órganos políticos, legislativos y de gobierno.
El resultado tangible y difícilmente soportable no es ninguna futesa: al 77% de los españoles que según los más recientes sondeos no votarían ni por asomo al Partido Popular, se le propina el duro correctivo de vivir bajo la férula de un entramado político-financiero radicalmente contrario a sus gustos, a sus necesidades, a sus inclinaciones y a sus intereses. Una victoria electoral fundada en una oferta ficticia, engañosa, que ha cursado en sentido contrario a lo prometido, no justifica ese «rodillo» monocolor y devastador, pero es que aunque no hubiera mediado el camelo en la obtención de la victoria, tampoco lo justificaría en una democracia normal, o sea, en una democracia.
En muchos lugares de España, donde la adhesión a las políticas del Partido Popular no es hoy mayoritaria, los ciudadanos tienen sobre sus cabezas y a cargo de sus impuestos una alcaldía del PP, una Diputación del PP, una Comunidad Autónoma del PP, un Gobierno del PP, un Congreso del PP, un Senado del PP, una Unión Europeo como del PP, amén de una nube de señores del PP en cargos de trascendencia para la vida ordinaria, así personal como colectiva. El respiradero que en esa atmósfera tan cargada y tan cargante representaría el Tribunal Constitucional, que se pronuncia o ha de pronunciarse sobre cosas que al PP no le hacen mucha gracia, la subasta andaluza de medicamentos o la nulidad de las Preferentes y la total desactivación de esa estafa, se ciega con la presencia en la poltrona más alta de él de un señor que, por lo que se ve, también es del Partido Popular absolutamente.
En el Constitucional, su presidente no es cualquier cosa: su «voto de calidad» es crucial y determinante. La cuestión, entonces, es que resulta imprescindible que esa «calidad» sea reconocida por todos, no sólo por los incondicionales del PP, o, cuando menos, que se acredite mediante el correspondiente marchamo de neutralidad.
