Victoria Lafora – Apariencia de paricalidad


MADRID, 31 (OTR/PRESS)

Esa simple apariencia de parcialidad fue la causa por la que se apartó al magistrado del Constitucional Pérez Tremps del estudio y resolución del recurso presentado por el PP contra el estatuto catalán. Ahora éste partido invoca y apela a la Constitución para defender con uñas y dientes la permanencia de uno de los suyos Francisco Pérez de los Cobos, al frente del alto tribunal.

Se niegan a que comparezca en el Congreso, donde debería explicar por qué ocultó a los senadores que tenían que valorar su idoneidad, un dato que sí supera la apariencia de parcialidad como era su militancia en el Partido Popular, su asesoramiento en proyectos de ley, sus trabajos y conferencias para la fundación FAES, en fin todo lo que conlleva militar en un partido y aceptar su disciplina.

No se trata de que su caso sea inconstitucional, que ya sabemos que no lo es, es simplemente bochornoso, éticamente deplorable y funcionalmente inoperativo. Tienen razón los gobiernos autonómicos que van a recurrir sus resoluciones, e incluso los particulares que vieron rechazados sus recursos. Su participación en temas de marcado contenido político, como son casi todos los que llegan al Constitucional (al que se ha convertido en una tercera cámara legislativa ), invalida por apariencia de parcialidad, si no por disciplina partidista, las sentencias.

Si ya una de las instituciones más importantes del Estado, garante de las libertades y derechos recogidos en la Carta Magna, había sido seriamente dañada en su prestigio por las luchas partidistas, por la no renovación de sus magistrados a la espera de que los partidos tuvieran la mayoría suficiente para imponer a los afines, ahora se descubre que el propio presidente del Constitucional esta «contaminado», que no piensa explicar a sus señorías por qué se guardó esa información comprometida, y que no tiene la menor intención de dimitir aunque sólo sea por devolver la dignidad a la institución.

La «ocupación» por parte de los voraces partidos políticos de todas las instituciones del Estado es una de las causas del deterioro democrático que padece este país y de la impunidad ante la corrupción de la que goza la clase política. Sólo teniendo todos los poderes del Estado bajo control se puede actuar con la falta de ética política y personal con que lo han hecho dirigentes de todos los partidos en cuanto han tenido la menor parcela de poder. El «ahora me toca a mi aprovecharme» ha vaciado las arcas públicas, ha dilapidado el dinero de los contribuyentes y ha llevado a la clase política su nivel más bajo de aprecio popular.

Después del escándalo de las lujosas vacaciones de Carlos Dívar en el Supremo, pagadas por todos los españoles, ya sólo faltaba un golpe de muerte al Constitucional donde, por cierto, el PP, que se negó a renovar su plantilla en tiempos de Zapatero, ha conseguido ahora imponer una mayoría conservadora.

¿Cómo van a confiar los ciudadanos en la imparcialidad de la Justicia, ese imprescindible poder del Estado, si el Fiscal General depende del Gobierno, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial se eligen por la mayoría de magistrados elegidos a propuesta del PP, y por último, el presidente del Constitucional ha sido hasta antes de ayer militante de ese partido?

No es apariencia de parcialidad; en realidad es recochineo.

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