Francisco Muro de Iscar – Empleo y jubilaciones.


MADRID, 11 (OTR/PRESS)

El Fondo Monetario Internacional, que es irresponsable de sus propios errores y de las predicciones que hace y que no se cumplen, ha pedido que se bajen los salarios un 10 por ciento en España. Podemos mirar hacia otro lado. Lo malo es que la patronal CEOE también ha pedido no sólo reducir el salario fijo sino unir sin límites contratos temporales, convertir en becarios a los trabajadores veteranos que sean recolocados en sectores distintos al suyo y que los costee el Estado.

Cuando la sociedad reclama medidas inteligentes para crear empleo, lo que uno espera es que los empresarios no recurran a Marx. Me refiero a Groucho, claro. Y tampoco que se tense aún más la cuerda porque puede romperse.

Está bien que el Ministerio de Empleo haya conseguido ahorrar 3.100 millones al descubrir a 60.000 personas que cobraban el desempleo fraudulentamente. Hay muchas más y si la inspección de Trabajo hace bien su cometido, seguramente podremos ahorrarnos mucho más. También hay mucho trabajo por hacer en los programas de formación para trabajadores.

La CEOE ha pedido que los ingresos de la cuota de formación profesional que abonan empresarios y trabajadores -el 0,7 por ciento del sueldo, el sesenta por ciento aportado por la empresa y el cuarenta por el trabajador- se destinen exclusivamente a formación y especialmente a la de los desempleados.

En ese capítulo, al margen de las denuncias que se hacen contra los sindicatos -la última, seria, contra UGT, que ni sabe ni responde- hay muchas empresas que dan cursos específicos a trabajadores para empleos inmediatos que nunca llegan. No tengo datos, pero seguramente cobran por la formación y si te he visto no me acuerdo. Es mucho dinero que, seguramente, también se está malgastando.

Y en este terreno laboral hay otro asunto diferente, pero no menos importante. Se están produciendo jubilaciones forzosas de médicos en muchas comunidades autónomas que van a crear serios problemas en una sanidad ya de por sí, en situación complicada. Hasta ahora, los médicos, como otros funcionarios, podían optar por jubilarse a los 70 años en lugar de a los 65. Excelentes profesionales, en plenitud física y de conocimientos son obligados a marchar a casa, las Administraciones sanitarias autonómicas se ahorran sueldos generalmente altos y sus pensiones pasan a cargar sobre las arcas del Estado. La jugada es redonda porque, además, los hospitales autonómicos no cubren las bajas aunque se deteriore el servicio. Sólo en Aragón esta medida afecta a 500 profesionales sanitarios en cuatro años. Multipliquen esta cifra por 14 comunidades autónomas donde, al parecer, se va a utilizar la misma medida y comprobarán la gravedad del asunto.

Una decisión que posiblemente sea legal, pero que atenta contra los derechos de muchos excelentes profesionales y, sobre todo, contra los derechos a una mejor atención médica de todos los ciudadanos. Habrá más listas de espera y peor atención, pero eso, aquí y ahora, parece que importa poco…

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