MADRID, 28 (OTR/PRESS)
Las Vegas Sands, la empresa que pretende construir una mega ciudad del juego en Madrid, ha sido acusada en Estados Unidos de blanquear dinero relacionado con el narcotráfico y ha pagado cuarenta y siete millones de euros a las arcas públicas para evitar un juicio.
El honorable inversor Sheldon Adelson, presidente de la compañía, es el que ha presionado al Gobierno de España, por no decir chantajeado, para que se modifiquen leyes en vigor como la prohibición de fumar en lugares públicos. No sólo eso, también exige modificaciones en la legislación laboral para la contratación de los presuntos miles de puestos de trabajo que se van a crear en su ciudad del juego.
Las Vegas Sands, ese maná que nos había caído del cielo y que iba a salvar la economía madrileña, según contaron el presidente Ignacio González y sus consejeros, está siendo también investigada por la justicia norteamericana por posible violación de las leyes anticorrupción. Son las que prohíben a las empresas de EEUU que se instalan en otros países comprar a funcionarios locales para acelerar licencias y permisos de obra. Las sospechas vienen del conglomerado que Adelson montó en Macao y que es lo que mejor le funciona.
Recordando la batalla que se libró entre Barcelona y Madrid para quedarse con los casinos, la obsequiosidad, rayana en el ridículo, con la que se ha recibido al honorable inversor en los despachos del poder, las excursiones en una interminable fila de vehículos, todos iguales, todos negros como en la serie de «Los Soprano», en que las autoridades madrileñas enseñaban a Adelson la paramera donde se levantaría su nuevo Macao, da escalofríos pensar ante quién se rinden las leyes.
El caso Gürtel y tantos otros de corrupción municipal han evidenciado la facilidad con la que en este país se compra a un cargo público a cambio de licencias ilegales. Un presunto comprador de voluntades como Adelson es lo último que necesitamos los españoles escandalizados por los dos casos de corrupción más graves de la democracia como los que afectan al PP y a la Junta de Andalucía.
Nuestro país necesita, incluso por su imagen internacional -esa marca España que tanto defiende el ministro Margallo- inversores solventes que apuesten por la recuperación de la economía y que no engatusen a la opinión pública con etéreas ofertas de creación de miles de puestos de trabajo.
Las Vegas Sands va a pagar esa ristra de millones a la Hacienda norteamericana por haber blanqueado fondos de un sobornador y de un traficante de compuestos para fabricar metanfetaminas; dos perlas del empresariado internacional.
Conviene también recordar que Adelson aporto más de sesenta millones de dólares a la campaña del candidato republicano para evitar que la administración demócrata de Obama subiera los impuestos a sus dos casinos más rentables: Singapur y Macao.
Conocido todo esto ¿todavía hay, de verdad, un político responsable que crea que el macro complejo de Madrid va a aportar algo bueno a los ciudadanos?
¿Merece la pena aceptar que se modifiquen leyes aprobadas por el Parlamento de la Nación para que unos inversores con tales antecedentes puedan hacer y deshacer a su antojo, y si no les va bien marcharse por donde han venido dejando que la Comunidad se quede con unas obras faraónicas y horteras?
Cuidado con ceder soberanía a alguien bajo la lupa de la justicia; con lo patrio tenemos de sobra.
