MADRID, 31 (OTR/PRESS)
Una exhaustiva investigación policial ha determinado que el PSC, los socialistas de Cataluña, pagaron a los detectives de Método 3 por la grabación de la comida entre la dirigente catalana del PP, Alicia Sánchez Camacho, y la ex pareja de Jordi Pujol Ferrusola.
Como todo grupo político que se precie, el PSC niega ardorosamente que encargara el espionaje pero, gracias a la incautación de unos ordenadores, se han podido descubrir los correos electrónicos intercambiados entre los socialistas y la agencia de detectives.
Era en tiempos de Montilla y el responsable actual, Pere Navarro, dice no saber nada del caso. Para completar este vergonzante y esperpéntico episodio de la política autonómica, la espiada, Alicia Sánchez Camacho, llegó a un acuerdo económico con la agencia de detectives para retirar la querella. Su máxima preocupación es que no se conozca el contenido de la conversación grabada. Artur Más, que se niega a comparecer en el Parlament por el caso Palau, aprovecha este escándalo para desviar la atención. Pero aquí no dimite nadie.
Curiosamente ha sido gracias a la incautación a tiempo de unos ordenadores como se ha llegado a saber que el PSC, si no encargó, por lo menos pagó por la grabación ilegal. Y esta constatación nos lleva a la reflexionar sobre el tiempo que los ordenadores de Bárcenas permanecieron en un despacho de la calle Génova sin que el juzgado que instruye el caso se interesará por su contenido.
Ante un caso tan grave de presunta financiación ilegal, pagos en dinero negro, fuga de capital a Suiza, llama la atención que a ningún juez se le haya ocurrido un registro de la sede del PP o de la vivienda familiar de Luis Bárcenas. ¿Dónde están las cajas y cajas de documentos que el ex tesorero se llevó de su despacho cuando fue apartado de sus funciones?. ¿Las localizara la policía antes de que una mano negra las queme «involuntariamente»?
Los populares dan una increíble y vergonzosa versión sobre las razones que les llevaron a destruir los discos duros de los ordenadores de Bárcenas: la necesidad de dar ese portátil a otro trabajador de Génova. Y es que toman por tonta a la ciudadanía. Dado que la destrucción de toda la información comprometida que se guardaba en sus archivos se produjo hace cuatro meses, esos ordenadores, tras tanto tiempo sin uso (Bárcenas dejo de usarlos en el 2010), debían estar obsoletos. Si no fuera un sarcasmo, sería loable el empeño popular por ahorrar dinero a las subvenciones públicas.
Dijo el viernes, con un tono inocente, la vicepresidente Sáenz de Santamaría que su partido había actuado, al destruir los discos duros, como «una empresa privada». Estos políticos «profesionales, que nunca han trabajado en una empresa, desconocen que, en las mismas, el material informático se recicla cuando se queda obsoleto.
Resulta conmovedor, si no fuera un presunto intentó de obstrucción a la Justicia, el rigor en la aplicación de la Ley de Protección de Datos por la que el PP ha entregado unos ordenadores vacíos al juez Ruz. No se sabe quien dio la orden, por que, antes de enviar a la Audiencia Nacional unas carcasas vacías, no se les advirtió de la «limpia», ni quien era el trabajador que tenía el honor de heredar tan ilustre material informático. Pero lo que sí es palmario es que, también en este caso, nadie va a dimitir.
