MADRID, 3 (OTR/PRESS)
Vuelve con fuerza el debate sobre el futuro de las pensiones. Lo deseable sería que los políticos alejaran sus pecadoras manos. Qué este logro capital del Estado del bienestar estuviera adscrito ¡de verdad! a lo acordado en su día por todos los partidos políticos y demás agentes sociales en el llamado Pacto de Toledo. Por desgracia, no es así. Pese a que lo establecido -y en teoría, garantizado por ley- era la revalorización anual de la cuantía de las pensiones en función del índice de precios al consumo (todo cuesta más cada año), en su día el Gobierno Zapatero congeló las pensiones y el actual, por boca de la ministra de Empleo (Fátima Báñez) aunque habla de garantizar una subida anual del 0,25%, al proponer que el monto de la pensión se desvincule del índice que refleja el aumento del coste de la vida, en la práctica, lo que nos anuncia es que bajarán las pensiones.
En cifras, para una pensión mensual de 600 euros, el incremento sería de 1,5 euros al mes, 18 euros más al año. Obvio es decir que el incremento propuesto no cubriría ni la mitad de la mitad del incremento anual del coste de la vida. La comida, los alquileres, el agua, la luz, la ropa, los transportes, el teléfono, ahora, incluso algunos medicamentos, todo hay que pagarlo y todo sube de precio de año en año. El IPC de 2007 fue del 4,1 y el de 2012 el 2,9.
La ministra también propone estudiar (esto parece más razonable), un posible retraso de la edad de jubilación. Ahora, como se sabe y salvo para determinados colectivos, está fijada en los 65 años.
Hay otros países en Europa, Francia, sin ir más lejos, dónde el tope para tener derecho a la jubilación es inferior en varios años -lo digo a efectos de recordar que sobre esta cuestión no rige el pensamiento único. En nuestro caso y mientras la cifra de parados (situada por encima del 26%) no se reduzca de manera drástica, estamos obligados a buscar algún tipo de solución. El problema de fondo, el que genera incertidumbre acerca del futuro de las pensiones, es el paro, la precariedad a la hora de encontrar trabajo que se traduce en baja de cotizantes a la Seguridad Social (568.000 menos en el último año, 99.000 menos en el último mes) y su más directa consecuencia: en España sólo tenemos trabajo 16 millones y medio de ciudadanos.
Al tener un sistema de reparto, eso quiere decir que los algo más de 9 millones de pensionistas dependen de quienes tiene trabajo y cotizan. Ese es el problema, no la prolongación de la esperanza de vida. Si hubiera trabajo para más gente -ni siquiera digo, para todos, bastaría con que la cifra del paro rondara el 10 %-, el problema de las pensiones dejaría de serlo y los ministros dejarían de hablar del asunto sembrando inquietud entre los pensionistas. ¿Cuando lo veremos? Por desgracia, me temo que ésa es una noticia que los periódicos tardarán años en poder publicar. Lo que es seguro es que los políticos seguirán peleándose y jugando con el futuro de las pensiones.
