MADRID, 3 (OTR/PRESS)
Dice Ana María Matute, ese prodigio de escritora y de mujer que «la cabeza me funciona: la tengo tan mal como siempre». Como la política. Funciona… como siempre, mal. No se ven en vísperas del otoño político «brotes verdes», signos de que algo vaya a cambiar en la esencia del funcionamiento de la política. Ninguno de los grandes partidos hace examen de conciencia de sus errores, que son muchos; de su alejamiento de los ciudadanos, cada vez mayor; de lo negativo que es este permanente enfrentamiento con el contrario, sin que importe la verdad ni los acuerdos, sino los réditos obtenidos de la descalificación del contrario; de la falta de diálogo con los sectores sociales que deberían dinamizar la economía, la justicia, la sanidad, la educación… Parece que este verano los políticos han recargado las pilas para hacer más profunda esta separación entre quienes gobiernan y quienes sufren los efectos de esa acción.
Hay en el Parlamento una batería de leyes que puede cambiar de arriba abajo la sociedad española… al menos por un tiempo. Pero algunos errores pueden ser indefinidos y el daño causado por la falta de acuerdos, de diálogo, de pacto puede ser irremediable. Ni podemos estar sometidos a un cambio legislativo permanente ni es posible avanzar sin una seguridad jurídica mínima que de estabilidad.
Fuera de España no sólo preocupa el impresionante número de escándalos y la corrupción que no cesa y que afecta a casi todos, sino esa selva legislativa autonómica y nacional, que impide saber qué se puede hacer en cada autonomía. Y, sobre todo, este permanente cambio para legislar, en muchas ocasiones, en sentido contrario al que se aplicó apenas hace dos o cuatro años. Hay expertos que calculan que nuestro Estado, central y autonómico, «produce» al año casi un millón de páginas entre normas y disposiciones de distinto rango que nadie, por supuesto, es capaz de saberse y ni siquiera de aplicar. Son, además, normas con certificado de defunción a plazo fijo -las siguientes elecciones- aunque, en ocasiones, los nuevos se olvidan de derogar las normas anteriores. La legislativa es la única selva que no sufre los efectos de la deforestación y que crece imparablemente.
Este Gobierno tiene en el Parlamento, en distintos trámites, o a las puertas del mismo, más de veinte proyectos de ley, que sumar a las 8 leyes orgánicas, las 17 leyes y los 29 reales decretos ley que se aprobaron en 2012. Cuando se complica la situación de la economía o se eleva el ruido de la corrupción, se saca Gibraltar o se envía un nuevo proyecto de ley a las Cortes. No importa que esté mal escrito, que sea técnicamente defectuoso, que no tenga consenso social suficiente o que vaya a complicar los problemas en lugar de solucionarlos. Lo importante es legislar sobre todo y de cualquier forma. Y cuando se aprueba, el partido de la oposición lo lleva al Tribunal Constitucional donde pasarán años y años hasta que haya respuesta. Así nos va.
