Isaías Lafuente – Legal, sí. ¿Y constitucional?


MADRID, 18 (OTR/PRESS)

La mayoría del pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado admitir a trámite las 26 recusaciones promovidas por la Generalitat y el Parlamento de Cataluña contra la supuesta falta de imparcialidad de su presidente, Francisco Pérez de los Cobos. De él sabemos que fue militante del PP hasta 2011, que escribió un artículo que inspiró parte de la reforma laboral sobre cuya constitucionalidad ahora tendrá que sentenciar y que piensa que los catalanes han sido educados «en el desprecio a la cultura española», según dijo en 2005 en un discurso pronunciado precisamente el día de la Constitución. Y lo sabemos no porque él lo contase, sino gracias a informaciones periodísticas que lo desvelaron.

Con tanto juicio previo y tanto prejuicio los recusantes piensan que Pérez de los Cobos no está en condiciones de seguir presidiendo una institución como el TC. La mayoría de los magistrados del Constitucional, sin embargo, no ven el menor problema. Contrasta esta postura tan laxa con la que sostuvieron hace seis años cuando apartaron a Pablo Pérez Tremps de juzgar el recurso del PP contra el Estatut catalán por no considerarle imparcial tras haber redactado un informe profesional para la Generalitat. Pero contrasta sobre todo con el sentido común.

No discutiré a tan eminentes magistrados que quizás la situación de Pérez de los Cobos se ajuste estrictamente a la letra de la ley, en cuyo caso sería el legislativo el que tendría que modificar esa ley para eliminar sombras de sospecha en un futuro. Pero precisamente el Tribunal Constitucional tiene por misión examinar si lo legal -aquellas normas que se aprueban en los parlamentos- se ajusta o no a la Constitución, a su letra y a su espíritu. Si ese hubiera sido el criterio seguido para examinar estas recusaciones, quizás la decisión hubiera sido distinta. Porque es muy difícil sostener sin sonrojo que el tribunal que tiene como objeto dirimir desde su independencia cuestiones que tienen inmenso calado jurídico y político pueda estar presidido por alguien cuyas ideas políticas y posiciones jurídicas sobre asuntos que tendrá que dirimir se han manifestado tan diáfanas. En un país con decenas de miles de posibles candidatos -magistrados y fiscales, abogados, profesores de Universidad y funcionarios públicos-, ¿no había nadie con menos sombras que el elegido?

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