MADRID, 25 (OTR/PRESS)
Con su habitual tendencia a esconder los problemas, como si tuvieran capacidad de repararse por sí mismos, Rajoy ha dicho que no es el momento para abordar un estatuto que regule las funciones del Príncipe.
Y el tema no tendría mayor importancia si no fuera porque esa declaración coincidía en el tiempo con el momento en que el Rey era intervenido por segunda vez de cadera y, como se confirmó horas después, tendrá que pasar por el quirófano nuevamente en dos meses.
Es cierto que es el Rey el que está marcando la agenda, el que no quiere ni oír hablar de abdicación, el que apela a símiles automovilísticos como «voy al taller», «mecánicos», para quitar hierro (nunca mejor dicho) a sus múltiples dolencias. Pero la realidad, tesonera, confirma que va a volver a estar cinco meses de baja, como poco, al encadenar dos operaciones sucesivas. No va a acudir a la cumbre Iberoamericana ni tampoco lo hará su hijo por no estar habilitado para ello. La audiencia, tan pobre de protocolo, de numerosos embajadores recibidos a todo correr en la Zarzuela porque de no entregar cartas credenciales no podían ejercer como tales, demuestra la necesidad de «organizar la delegación de las funciones del Jefe del Estado» cuando la salud de este empieza a fallar de forma reiterada.
No se trata aquí de defender la Monarquía si no que, en el más grave deterioro institucional que ha atravesado este país desde la recuperación de la democracia, y con una crisis económica que está llevando a millones de ciudadanos al umbral de la pobreza, hay que proteger la jefatura del Estado, sea cual sea su fórmula (monarquía o república) porque constituye uno de los pilares de un sistema democrático.
Una vez más el ministro Margallo, que parece ir por libre dentro del Gobierno y que no debe tener por costumbre el consultar en la cita de los viernes en Moncloa cual es la consigna sobre determinados temas, sí se mostró a favor de regular la figura del heredero. Debe ser por aquello de la imagen de España.
Lo que también parece perentorio es marcar la senda que debería recorrer Juan Carlos de Borbón en el caso de que, pese a su deseo de permanecer en el cargo, la quebrantada salud de sus setenta y cinco años le obligara a abdicar. Ahí puede estar una de las razones, junto con el desgaste y la incertidumbre sobre el devenir judicial del yerno Urdangarin, que retienen al Rey en su puesto.
Al dejar la jefatura del Estado se pierde la total impunidad que ampara todos y cada uno de sus actos. Así, sería imaginable que un seudo sindicato como «Manos Limpias» presentara una querella contra él por el dinero que heredó de su padre y que permaneció en Suiza años y años sin cotizar al fisco. Tema este del que tampoco se puede hablar en el Congreso, sede de la soberanía popular.
Diga lo que diga Rajoy sí corre prisa una legislación que delimite la figura del sucesor y que desarrolle los derechos y deberes de quien aún en contra de su voluntad no puede físicamente seguir ejerciendo la más alta magistratura del Estado.
