MADRID, 4 (OTR/PRESS)
Concluye al fin el llamado «caso Malaya», un juicio con más de ochenta acusados que, según se calcula, «movieron» unos de 480 mil millones de pesetas.
Las penas impuestas en la sentencia están muy debajo de las pedidas por la fiscalía y serán motivo de polémica en los próximos días, pero ese otro asunto sobre el que pueden debatir los expertos. Lo que llama la atención del ciudadano es la existencia misma del «caso Malaya».
No es fácil entender cómo durante años una ciudad de la importancia de Marbella, conocida internacionalmente, haya podido ser el nido de corrupción que ha sido sin que nadie dijera una palabra.
Porque Marbella no es una isla en medio del Pacífico sino una ciudad -y no una ciudad cualquiera dada su importancia turística- sobre la que existe una diputación provincial, un gobierno autonómico y un gobierno central. Naturalmente uno se pregunta cómo es posible que nadie en tantos años de latrocinio se diera cuenta de nada.
Porque en el saqueo descontrolado de la ciudad intervinieron no solo alcaldes y ediles sino empresarios, algunos de los promotores más conocidos de Andalucía, testaferros, despachos de abogados, joyeros, marchantes de arte y empleados de banca.
¿Nadie sabía nada? ¿Ninguna de las instituciones dedicadas al control de los gastos o al urbanismo de la Diputación, la Junta de Andalucía o el propio Gobierno Central se dio cuenta de lo que estaba pasando? Resulta muy difícil de creer pero las cosas son como son y precisamente porque son así, es por lo que el ciudadano va perdiendo la fe en los políticos, en la política y, lo que es peor, en la Justicia.
Pedía el fiscal una sentencia ejemplarizante, algo que, personalmente, considero inadmisible porque las sentencias debe ser sólo justas y admitir que haya sentencias ejemplarizantes sería renegar de la objetividad.
Pero pudiendo o no estar de acuerdo con las penas impuestas -y sobre todo con las no impuestas- lo que se echa de menos es que casi nunca se llegue hasta el final de las responsabilidades, ni en el «caso Malaya» ni en otros tantos en los que siempre hay un «señor X» al que no se le roza siquiera.
¿De verdad alguien puede creer que un solo hombre, el tal Roca, manejara él sólo los hilos del escándalo? Y si es así ¿no cabe exigir de las administraciones provinciales, autonómicas o nacionales la responsabilidad por no enterarse de nada de lo ocurrido en Marbella durante más de diez años?
Lamentablemente el «caso Malaya» no ha sido sino el pórtico de todo un estilo de entender la gobernación que se extendió por toda España en unos años en los que fluía el dinero y nadie preguntaba de dónde salía.
Con sólo una recalificación de terrenos se ganaban millones y los millones tapaban muchas bocas. Ocurrió en Marbella pero no sólo en Marbella.
Basta con darse una vuelta por España, da igual pueblos pequeños que grandes ciudades, para darse cuenta de las atrocidades urbanísticas que se han cometido a cambio de enriquecimientos rápidos y silencios cómplices.
