MADRID, 4 (OTR/PRESS)
¿Recuerda usted aquello del «caso Malaya», que tanto revuelo provocó allá por la lejana fecha de 2005? Como era de esperar, las sentencias del «caso Malaya» ocasionaron el lógico revuelo informativo este viernes. Menos comentado fue el hecho de que estas sentencias llegaron ¡ocho años! después del estallido del primer «affaire» de corrupción político-urbanística a gran escala conocido en la España democrática.
Sentencias ejemplares en su mayoría, si, pero ajenas a la ejemplaridad que conlleva un pronto castigo de las fechorías que provocaron escándalo en la ciudadanía, en ocho provincias españolas; hoy, el «caso Malaya» es apenas un mal recuerdo, trabajosamente instruido y, finalmente, bien resuelto. Pero el principal «inspirador» de cuanto ocurrió en Marbella (y en su área de influencia), aunque no en el «caso Malaya», Jesús Gil, ya no está entre nosotros; dos de los inculpados se encuentran huidos y el asunto se ha diluido en la opinión pública, que puede tener la sensación de que las penas ya están casi cumplidas.
Lamentablemente, lo mismo se podría decir de la mayor parte de los casos de corrupción que pueblan nuestra geografía, desde los ERE y los Bárcenas hasta los Gürtel, pasando por Noos o por tantos otros; alguno, como «Pallerols», vergonzantemente zanjado, y varios simplemente prescritos porque la instrucción se prolongó demasiado en el tiempo.
Resulta curioso que estos siempre turbios «affaires» -no los cito todos porque son tan cuantiosos que alguno se quedaría en el tintero- tarden tanto en resolverse, que en general no se acaben con la devolución íntegra, y con intereses, de lo mal habido y que las penas de cárcel sean tan insuficientes. La repercusión mediática, muchas veces inadecuada y desproporcionada, y la repudia ciudadana, no siempre sujeta a las prácticas estéticamente más deseables, son los principales castigos para esos corruptos que abusaron de su cargo público para enriquecerse. Y son castigos impropios, por cuanto no aparecen en el Código Penal.
No estoy seguro de que las medidas contra la corrupción anunciadas por el Gobierno, pero no enviadas aún al Parlamento como proyecto de ley, vayan a ser demasiado eficaces mientras no se agilicen los trámites judiciales. Siempre se ha dicho que la justicia es el mejor barómetro para conocer la situación moral de una democracia. La española estará siempre bajo mínimos en ese termómetro si nos atenemos a ese criterio: la Justicia, aquí y ahora, llega (casi) siempre, pero (casi) siempre llega tarde: es una «máquina de picar carne», pero, para cuando el proceso llega a su término, esa carne ya está podrida. Como todo lo relacionado con «Malaya», tras tanta agua contaminada y hedionda que ha pasado bajo ese puente. Lo dicho: ¿aún recuerda usted aquello del «caso Malaya», que tanto revuelo provocó allá por la lejana fecha de 2005? Comprendo que no lo recuerde usted con precisión: ha habido tantos «affaires» nauseabundos desde entonces, que aquello, ahora que se produce la sentencia, está casi olvidado. Y muchas veces repetido, a diferentes escalas y en diferentes lugares.
[email protected]
