MADRID, 5 (OTR/PRESS)
Las leves sentencias del caso Malaya han puesto una vez más en evidencia el escaso precio que se paga en España por delitos de corrupción. Sobre todo teniendo en cuenta el detrimento patrimonial que causan a las instituciones públicas y por ende a la ciudadanía.
La función ejemplarizante de las sentencias y las penas queda en entredicho en este caso vergonzante de saqueo a las arcas municipales. Que un individuo como Roca, que acumulo un patrimonio de más de cien millones de euros y que era el capo de la mafia marbelli, haya visto rebajada la petición fiscal a una condena de sólo once años de cárcel es un escándalo y una invitación a continuar con la laxitud política y social ante el expolio del erario público.
Si algo necesita este país, tan tolerante con los defraudadores y los chorizos de guante blanco, es que la justicia aplique con rigor las leyes anticorrupción para acabar por la vía de la represión con una lacra que pone en solfa la calidad a de la democracia, nos convierte en una anomalía en Europa y empobrece las mermadas arcas públicas.
Que, siete años después de el descubrimiento por la policía de la trama de corrupción generalizada que regía el consistorio de la ciudad andaluza, se les haya condenado a tan magra pena no sólo deja en muy mal lugar a la administración de justicia si no que desanima a los cuerpos de seguridad que, con tanto rigor, fueron desovillado la madeja de sociedades interpuestas utilizadas para dejar arruinado el ayuntamiento de Marbella.
Tras absolver a casi la mitad de los imputados, el tribunal entra en curiosas valoraciones sobre las «detenciones mediáticas» de algunos imputados que considera innecesarias, como si a estas alturas de la película este fuera un punto fundamental del macro procesó.
La corrupción política siempre necesita de una red de beneficiarios comprados a cambio de silencio. La impunidad sólo se consigue repartiendo migajas de los beneficios entre mucha gente. De ahí la gravedad de la cuasi exculpación de todos los empresarios que participaron en el reparto del poder municipal corrupto y sin cuya colaboración no habría sido posible el enriquecimiento de Roca y sus esbirros.
Una caso paradigmático de lo dicho anteriormente es el de la ex concejal socialista de Marbella, Isabel García Marcos quien, después de años de ejercer como azoté de Jesús Gil, no fue capaz de soportar el enriquecimiento ajeno y acabo siendo «comprada» por la trama. Por cierto, que su sentencia también ha visto reducida la cuantía en casi un tercio.
Queda la esperanza de que, ante el recurso que van a plantear los condenados, que esperaban salir a la calle sin más, se encuentren con que el Tribunal Supremo no sea tan condescendiente y decida devolver la dignidad a una sociedad maltrecha.
