Escaño cero – Sindicatos transparentes


MADRID, 10 (OTR/PRESS)

La Constitución consagra y ampara la existencia de los sindicatos de trabajadores y las organizaciones empresariales. La norma (Art. 7), dice que estas organizaciones contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios, añadiendo que su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Nada dice, en cambio, respecto de cuál debería ser su fuente de financiación. A mi modo de ver, ahí hay que remontarse para entender parte de lo que ha sucedido en Andalucía con el caso de los ERE y la trama de presunta apropiación de fondos en la que aparecen implicados algunos sindicalistas de la UGT y CC.OO., según el sumario que instruye la juez Mercedes Alaya.
Investigación que ha dado paso a un número considerable de imputaciones y, también, a varias detenciones. Serán los tribunales quienes sentencien si hubo o no delito por el camino en los trasvases de fondos desde la Junta a los sindicatos por mediar en la negociación de los expedientes de regulación laboral y sí -como se ha publicado- hubo manejo fraudulento en los fondos destinados a los cursos de formación. De ajustarse a los hechos, los datos conocidos estos días, resultan abrumadores. Llegados a éste punto hay que decir que la reacción de los máximos dirigentes sindicales en el plano nacional ha sido decepcionante. Ni Cándido Méndez ni Fernández Toxo han estado a la altura de la gravedad del asunto. Decir que podrían haberse producido «errores puntuales» (Méndez) o que el modo en que se ha detenido a sindicalistas en Andalucía por el caso de los ERE «no debería tener cabida en un Estado democrático» (Fernández Toxo), es un intento de desviar la atención del núcleo del problema: el presunto fraude malversador de caudales públicos. Es una pena que en un momento en el que los sindicatos y las organizaciones patronales están siendo escrutados con severidad por la opinión pública -las encuestas reflejan índices muy bajos de popularidad- Méndez y Toxo no hayan aprovechado la ocasión para anunciar la puesta en marcha de una investigación interna dispuesta a averiguar lo ocurrido. Caiga quien caiga. Han perdido la ocasión de anunciar que están dispuestos a ir por delante de la justicia. Esa justicia que -en eso puedo coincidir con lo dicho por Méndez y Toxo-, va excesivamente lenta y de esa lentitud se desprende un mal que puede llegar a ser irreparable: la criminalización, sin matices, de los sindicatos.

Para evitar ese sambenito sólo veo una salida: transparencia en las cuentas sindicales. Transparencia y auditorías externas. No sé si será mucho pedir pero creo que sería una vía para recuperar parte de la credibilidad ahora entredicho.

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