MADRID, 16 (OTR/PRESS)
Si alguien se toma la molestia de remitirse al verano de 2009, cuando se aprobó el modelo de financiación autonómica que está llegando a su fecha de caducidad (diciembre de 2013), verá que fue un parto políticamente feliz. Se aprobó en primera votación con más votos de los necesarios en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 15 de julio de aquel año. Entonces todo el mundo estuvo de acuerdo en que el modelo alumbrado era más justo y equitativo que el anterior porque la aportación del Estado por habitante favorecía a todas luces el principio de igualdad entre los españoles vivan donde vivan, tanto en prestación de servicios como en financiación per cápita.
Pongamos el retrovisor en perspectiva estrictamente política y comprobaremos que ninguna Comunidad se puso en contra del modelo. Las seis gobernadas entonces por el PP (Castilla y León, Galicia, Madrid, Valencia, Rioja y Murcia) se abstuvieron a la hora de votar. Las demás, las otras nueve de régimen común votaron encantadas a favor del nuevo modelo, cuya elaboración, tras un largo proceso de negociación entre el Gobierno central y las Comunidades, había durado más de un año. Entre las que votaron a favor, por supuesto, estaba la Generalitat de Cataluña, cogobernada entonces por una mayoría socialista apuntalada por ERC. Esa misma Generalitat que, ya gobernada por mayoría de CiU apuntalada por esa misma ERC, ahora cifra en 9.375 millones de euros el sufrimiento que a los catalanes le está causando la deslealtad del Estado.
¿Qué ha pasado entre el entonces y el ahora? Pues que, amén de los cambios de signo político en los Gobiernos, el central y los autonómicos, se ha producido un cambio de signo mucho más determinante: el económico. Ha sido, o está siendo, el quinquenio de la austeridad y los recortes. O sea, el desplome general de los ingresos fiscales y la angustia de los gobernantes territoriales que se acercan a la prueba de las urnas con los bolsillos vacíos y el agobio de las deudas. Así que, en vísperas de la revisión del modelo de financiación, todos tratan de ganar posiciones para salir bien librados en el reparto de recursos, que han disminuido notablemente, y se previenen como saben y pueden ante eventuales agravios comparativos.
Esta lógica es aplicable, más o menos, a todas las Autonomías, pero es Cataluña la que, cuando el Gobierno central anuncia la revisión del modelo, utiliza la presión política como herramienta negociadora. Frente al órdago secesionista, mucho pulso político va a necesitar el Gobierno Rajoy para sortear la presión sin perjudicar a otra Comunidades. Incluidas las gobernadas por su propio partido, que es el peligro aparatosamente señalado por el presidente madrileño, Ignacio González, con sus dos órdagos a Moncloa. Uno, que el Gobierno no negocie bajo la mesa con la Generalitat. Y otro, que se abstenga de cocinar las balanzas fiscales cuando, según compromiso del ministro Montoro, van a hacerse públicas más pronto que tarde.
