Antonio Casado – Estrasburgo: el culebrón.


MADRID, 23 (OTR/PRESS)

Demasiada carga emocional en las reacciones de casa frente a la reciente sentencia del Tribunal de Estrasburgo que, en contra de lo que solemos decir, no cuestiona la doctrina Parot (redención de condena sobre las penas impuestas, no sobre el máximo legal de 30 años de cárcel), tal y como la elaboró el Tribunal Supremo en 2006. Lo que cuestiona es su aplicación con carácter retroactivo (artículo 7 del Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, firmado por España). La doctrina Parot no se puede aplicar a los condenados cuando aún estaba vigente el Código Penal de 1973.
Eso favorece a un centenar largo de etarras. Entre ellos, los más sanguinarios, condenados a penas de cientos e incluso miles de años. Gracias a esta sentencia, tendrán que ser puestos en libertad antes de cumplir los treinta años de cárcel, que es el máximo que permite la ley vigente cuando a ellos se les impusieron esas penas, por asesinatos múltiples. Lo cual ha cargado de dolor, frustración y desaliento a miles de víctimas y familiares de víctimas de Eta. Por eso hablo de carga emocional en las reacciones a la sentencia. Se comprende, sobre todo en el movimiento asociativo de las víctimas del terrorismo. Han sido muchos años de sufrimiento y mucho rastro de miseria moral el que deja el siniestro historial de la banda, hoy aparentemente desactivada.
Son las víctimas quienes mejor encarnan la memoria viva de la arbitraria crueldad de Eta. Y hay que reconocer que para ellas ha sido una mala noticia el fallo de la gran sala del mencionado tribunal. Sin embargo, eso no justifica los excesos verbales como el cometido por la presidenta de la AVT, Angeles Pedraz, que acusó al Tribunal de ponerse al lado de terroristas, violadores y asesinos. O amenazas de «respuesta contundente» si el Gobierno cumple la sentencia, como las proferidas ayer por Francisco José Alcaraz (Voces contra el Terrorismo). También se están viendo excesos en el terreno político, como el del ex ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, que agita el fantasma del retorno de Eta. O el del militante de cierto partido político que, entre bromas y veras, amenazó de muerte al diputado de IU, Alberto Garzón, desde una red social.
Pero la consideración debida a las víctimas del terrorismo y a los que legítimamente discrepan de la sentencia no puede convertirse en alineamiento obligado con sus tesis. Especialmente las del desacato o de la ingeniería jurídica como formas de eludir el compromiso de «acatar y ejecutar» las sentencias del Tribunal de Estrasburgo que el Reino de España asumió al firmar en 1977 y ratificar en 1979 el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Eso obliga a todos los poderes del Estado.

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