MADRID, 25 (OTR/PRESS)
Cada día resulta más complicado entender este País, esta España nuestra incapaz de dialogar, que se queda siempre colgada de las ramas demagógicas sin llegar nunca a la raíz de los problemas, que promete y no cumple, que no legisla en caliente porque no es bueno y tampoco en frío porque ya no interesa.
Esta España sigue siendo la de «vuelva usted mañana», la del silencio en el Gobierno y las voces en la oposición, la que acumula proyectos que duermen el sueño de los justos durante años y años y en la que no se atreve a hacer frente a las demandas lógicas de los ciudadanos porque chocan, muchas veces, con los intereses de unos partidos que han perdido el rumbo en su búsqueda obsesiva del poder.
Lo que está pasando con la nueva ley de educación es un claro ejemplo de la trama de intereses de unos y de otros que sólo perjudican al ciudadano.
No es el momento de pasar revista a la Ley Wert que, como todas las cosas, es manifiestamente mejorable pero que, de entrada, no se sabe si va a ser buena o mala.
Lo que sí se sabe es que desde hace mucho, demasiado, nuestro sistema educativo es un fracaso total como se constata año tras año en los informes internacionales: abandono de los estudios, fracaso escolar, preparación más que deficiente, ninguna universidad entre las mejores etc.
Algo se tendría que haber hecho entre todos desde el principio. Pues no; no sólo no se ha hecho nada sino que lo que hacía uno lo tiraba por la borda el siguiente. Y seguimos así.
Y lo que nos queda, porque aquí la educación en lugar de ser un derecho fundamental se ha convertido en una bandera no sólo política sino partidista.
Y lo mismo ha pasado con la doctrina Parot. Hasta que no ha surgido el escándalo en forma de sentencia, nadie ha tenido el menor interés en cambiar las cosas y se siguió con el código penal franquista.
Que no vengan ahora buscando conspiraciones ni hojas de ruta: cuando se pudo cambiar la cosa, no se cambió y cuando se intentó cambiar se hizo por la puerta de atrás y mal.
Pero en esta España, con una clase política indolente, más preocupada de lo suyo que de la cosa pública, nadie mueve un dedo hasta que la alarma social les estalla en las manos. Entonces todo son prisas y reproches.
Y, como broche, un ejemplo más de todo cuanto digo: no hay más que seguir el increíble camino de otro derecho fundamental: la tarjeta sanitaria única que vuelve a anunciar, sin prisas, la ministra Ana Mato.
Después del disparate de la transferencia total de esa materia a las autonomías, el lío fue mayúsculo.
Pues bien, dentro dos meses se van a cumplir nada menos que doce años desde que la entonces ministra Celia Villalobos anunció la famosa tarjeta única sanitaria. Nada ha cambiado. Seguimos igual. Han pasado ministros, gobiernos, promesas y la tarjeta única sigue sin existir.
Todos están de acuerdo en su necesidad, pero en doce años nadie lo ha hecho. Y si esto ocurre con algo tan de sentido común, ¿qué puede esperar el ciudadano de gobiernos y partidos en materias de más calado?
Cansa mucho España; todo aquí es difícil, todo sigue yendo por triplicado, con original y copia, legislaciones ininteligibles, permisos hasta para respirar, informes, modelos de impresos, largas esperas y la famosa cita previa, esa reiteración gramaticalmente incongruente.
