Al margen – Micrófonos en el cuartelillo


MADRID, 1 (OTR/PRESS)

Contra lo que pudiera parecer en algunos casos, las garantías jurídicas de que gozan los imputados y los detenidos no persiguen garantizar su impunidad ni su blindaje ante la Justicia, sino sólo su derecho legítimo a la defensa. Sin embargo, el diferente baremo que se emplea en relación al alcance de esas garantías y a su eventual conculcación en unos y otros procesos, crea zonas de inseguridad jurídica, y no sólo para el reo, sino también para el juez que busca dilucidar la verdad. El caso de las escuchas ordenadas por el juez Baltasar Garzón en el caso Gürtel, entre los cerebros de la trama y sus abogados, buscaba eso, la verdad, pero la garantía de confidencialidad en las comunicaciones entre los encausados y sus defensas resultó tan adversa a ese propósito que el que acabó comiéndose el marrón, bien que en el escenario de algo muy parecido a un complot político contra su persona y su carrera, fue el propio juez, en tanto que las pruebas inciminatorias obtenidas de las escuchas se desecharon para alivio y beneficio de los imputados por gravísimos delitos de corrupción.
Otro juez, muy recientemente, ha usado las escuchas subrepticias con el propósito de descubrir quién mató, y cómo, y cuándo, y dónde, a la niña Asunta Basterra. En éste caso, los micrófonos no se instalaron entre un receptor telefónico y otro, ni entre los detenidos y sus abogados, sino ocultos en los calabozos de un cuartel de la Guardia Civil donde los sospechosos del abominable crimen, los padres adoptivos de la criatura, se hallaban arrestados. El resultado, tres frases cruzadas entre ellos que inducirían a reforzar esa sospecha que para la consideración general, mayoritaria, tiene la forma de absoluta certeza. La orden inmediata de detención de Rosario Porto y Alfonso Basterra dictada por el juez apenas concluido e sepelio de la víctima, sugiere, desde luego, que éste también tenía, en lo personal y en lo profesional, algo de esa certidumbre, pero el ardid de reunirlos a solas y esperar de sus propios labios revelaciones cruciales sobre el caso, no sólo no mermó ni conculcó, a mi parecer, ningún derecho ni garantía de los detenidos, sino que bridándoles con él la oportunidad de manifestar su inocencia en ese careo tan hábilmente inducido, les proporcionó la máxima garantía, la mejor ocasión para su defensa.
Las garantías judiciales del reo son tan importantes, tan esenciales en un estado de derecho, que sólo se les igualan en importancia las diligencias tendentes al justo castigo del delito. No debiera haber, pues, mayor conflicto entrambas, pero si lo hubiere, sea el sentido común y el del bien general el que dirima.

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