Rafael Torres – Bankia: alarde de mala fe


MADRID, 6 (OTR/PRESS)

Según reciente sentencia del titular del Juzgado nº 1 de Torrelavega, don Pablo Fernández de la Vega, Caja Madrid, hoy Bankia, obró con un «alarde de mala fe» al colocar Preferentes al demandante, ahorrador minorista, a quien no sólo se ocultó la verdadera naturaleza del producto de alto riesgo, sino también la latente situación de insolvencia de la entidad que previsiblemente le haría perder su dinero.
La sentencia, que examina y censura las diversas irregularidades y ardides empleados para sustraer el patrimonio del cliente, declara nulo de pleno derecho el contrato de Preferentes suscrito con semejante error en el consentimiento, condena a Bankia a devolver lo que nunca fue suyo y se suma a ese 94% de sentencias favorables a la víctimas del expolio de sus ahorros por parte de las Cajas primero controladas, en el caso de las agavilladas en Bankia, por el PP, y luego «nacionalizadas» de aquella manera y «rescatadas» de peor manera todavía por el Gobierno del PP.
Si estafa es, según el diccionario de nuestra lengua, la acción y el efecto de «pedir o sacar dinero u otras cosas de valor con artificios y engaños, y con ánimo de no pagar», está claro que esto de las Preferentes y las Subordinadas ha sido, sigue siendo, una estafa brutal y en toda regla, por mucho que la Fiscalía, asombrosamente, no lo vea o no lo quiera ver, obstruyendo con ello la vía Penal que, de otra parte y sin el refrendo del ministerio público, resulta, por lenta y cara, inasequible para la mayoría de los estafados.
Sin embargo, la estafa Penal encuentra su traducción exacta al lenguaje Civil, por el que las víctimas transitan, con ese «alarde de mala fe» descrito minuciosamente por el juez Fernández de la Vega y, con otras palabras, por el 94% de los jueces que han entendido, entienden y entenderán en éstas causas, si es que antes Bankia, o sea, el Gobierno del PP, no deciden liberar a la sociedad española en su conjunto del gasto añadido por las sentencias judiciales (abogados, costas, intereses…) a la devolución sin más de lo sustraído a tantas y tantas miles de familias españolas, y que será obligada a ejecutar finalmente en ese chorreo de sentencias sí o sí.
En las últimas ya el «arbitraje» fue ideado por el Gobierno para lavar la imagen de la entidad devolviendo un poco, a las 6.500 demandas en curso se añadirán las cerca de 100.000 de los que hayan sido rechazados, o burlados, por ese arbitraje tan escandalosamente casero, lo que colapsará definitivamente los juzgados de Madrid, elevará la factura del gasto público y seguirá alimentando el sufrimiento de las víctimas más directas de la macro-estafa. Todo un alarde continuado, en efecto, de mala fe.

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