MADRID, 13 (OTR/PRESS)
Si no hay recurso que lo remedie, nadie responderá por la catástrofe medioambiental provocada por el hundimiento del petrolero «Prestige«.
De dar por buena la sentencia del tribunal que ha juzgado el caso, la marea negra de chapapote que anegó las costas de Galicia y Asturias y llegó hasta Cantabria y el País Vasco destruyendo durante meses la vida del ecosistema costero, no fue responsabilidad de nadie.
Once años después de un desastre ecológico que conmovió a España entera, el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, ha absuelto de la imputación de delito contra el medio ambiente al capitán del barco, al jefe de máquinas y a quien a la sazón era el director general de la Marina Mercante, los tres únicos acusados por aquella catástrofe que según reconoce la propia sentencia expulsó a la mar 63.000 toneladas de fuel y 170.000 de residuos que afectaron a 2.900 kilómetros de costa (incluido, también parte del litoral portugués) y contaminó 1.177 playas.
«No existe responsabilidad penal», asegura la sentencia porque -añade como conclusión más que sorprendente- «nadie sabe exactamente la causa del suceso». Once años en espera de juicio para concluir que la dificultad de atribuir responsabilidades precisas se deriva «de la imposibilidad de investigar en detalle algunas cuestiones».
Sorprendente. En realidad la palabra debería ser otra porque la evidencia del desastre causado por el alejamiento del buque y el posterior naufragio está en la memoria de todos los españoles.
Puesto que contra la sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, es de esperar que así suceda.
Como decía, toda España, quedó conmocionada por aquella catástrofe que más allá del manejo que los políticos de uno y otro signo hicieron de ella -unos para negar errores y negligencias, otros para desgastar al Gobierno de entonces- provocó daños económicos y medioambientales objetivables.
Tengo para mí que el caso debe concluir en manos del Supremo, porque en alguna medida, en este asunto lo que también está en juego es el «prestige» de la Justicia española