MADRID, 15 (OTR/PRESS)
Algunos tratan de poner en evidencia la supuesta contradicción en la que incurrimos quienes nos hemos indignado con la sentencia sobre la catástrofe del «Prestige» cinco minutos después de haber dado por buena la del Tribunal de Estrasburgo sobre la doctrina Parot. Nada que ver. Imposible establecer paralelismos entre las víctimas del terrorismo y los gallegos que viven del mar, amén de los voluntarios que acudieron a limpiar el chapapote. Imposible detectar el parangón entre una sentencia resultante de una re-interpretación técnica de la ley y otra que, directamente, se asienta en una re-invención de la realidad.
De manera que el abajo firmante -o arriba, pero ya me entienden- es uno de los que de los que sigue sosteniendo que las sentencias son para acatarlas pero el acatamiento no deroga la indignación. Es el sentimiento de réplica a la lógica interna del texto alumbrado por la Audiencia Provincial de La Coruña. De dicho texto se deduce la inexistencia de una catástrofe ecológica. En consecuencia, no hay culpables. Los tres procesados han quedado limpios de polvo y paja respecto a un presunto delito contra el medio ambiente. Y sólo en el caso de uno de ellos, Apostolos Mangouras, el capitán del barco, apreciaron los tres magistrados un delito de desobediencia por haberse resistido en un principio a remolcar el petrolero mar adentro, como le ordenaron las autoridades españolas.
Desde la indignación uno valora el fallo del tribunal por el hundimiento del «Prestige» como un insulto a los gallegos y al resto de los españoles. Una bofetada con carácter retroactivo a los miles de voluntarios que acudieron al rescate de las playas a cambio de nada, sólo por amor a la vida, al mar, a la tierra. Acaban de saber que nadie es culpable de la mayor catástrofe ecológica en la historia de España.
Once años después de la mayor catástrofe ecológica de la historia de España, la frustración se instala en una ciudadanía con la memoria aún dolorida por el desastre ecológico. La Audiencia de La Coruña ha necesitado todo ese tiempo para llegar a la conclusión de que no se cometió ningún delito y nadie es responsable de nada. Todos los implicados hicieron lo que pudieron para evitar el desastre, el Gobierno actuó con profesionalidad y el sistema ecológico se recuperó con rapidez. Eso dice el fallo.
Por supuesto que las sentencias son para acatarlas. Pero si no fue la ira de los dioses ni un capricho de la naturaleza, tenemos derecho a saber quién o quiénes fueron responsables del vertido al mar de 70.000 toneladas de fuel frente a las costas de Galicia. Y en cualquier caso, ninguna sentencia podrá convencer a los españoles de que la catástrofe ecológica de noviembre de 2002 no existió. ¿Acaso fue un sueño?
