Victoria Lafora – El fiscal protector.


MADRID, 16 (OTR/PRESS)

¿Para qué necesita la Infanta Cristina los servicios jurídicos de un «padre de la Constitución» como Miguel Roca, si tiene en la figura del fiscal a su principal protector? Resulta muy difícil entender como, incluso antes de que llegara al tribunal de Palma de Mallorca el preceptivo informe de Hacienda, e incluso antes de que el juez Torres decidiera si la llama o no como imputada, el fiscal Horrach hay redactado un alegato «preventivo» en el que habla de suposiciones y conjeturas.
Para el ciudadano de a pie, el que cotiza a la seguridad Social y paga sus impuestos, no tiene sentido esta sobreprotección de la hija del Rey, impulsada desde la Fiscalía General del Estado. Precisamente, si algo tiene la justicia procesal española es su aplicación garantista de salvaguarda de los derechos de quién se cree puede haber cometido un delito. La figura del imputado, cuyo único error puede ser el nombre con resonancias más graves de lo que se pretende (suena a acusado), se creó, precisamente, para que una persona que suscitara sospechas de incumplimiento de la ley pudiera comparecer ante un juez acompañada de abogado y sin tener la obligación perentoria de decir la verdad y sólo la verdad.
Después de que se hayan conocido los numerosos intercambios de correos entre Urdangarin y su socio, de que se hiciera público que la infanta se auto alquiló el chalet de Pedralbes para desgravar al fisco, de que con cargo a la cuenta «tapadera» se pagarán viajes de lujo para toda la familia, se abonarán los salarios al servicio doméstico etc, es lógico, y así sucedería con cualquier hijo de vecino, que el juez Torres quiera saber de donde salió el dinero.
En su afán desmedido por proteger la imagen y el buen nombre de la Familia Real, el ministro de Justicia, y por ende el Fiscal General del Estado, están prestando una flaco servicio a la institución. Resulta mucho más demoledor para la opinión pública conocer que en Hacienda se practicaba la política de ojos cerrados frente a los trajines económicos de la Infanta Cristina y su marido, saber que se la coloco, presuntamente, en un puesto relevante de la sociedad Aizoon para evitar que los inspectores de hacienda investigarán si se generaba dinero negro en la empresa.
El rápido deterioro de la imagen de la Corona, al que han contribuido todos sus miembros con la salvedad del Príncipe y la Reina, los más valorados por la opinión pública, se basa en la sensación ciudadana de que han actuado creyéndose absolutamente impunes (el Rey de hecho lo es) frente a la justicia. Y a que, pesé a la solemne declaración real del discurso de Nochebuena de hace dos años, la Justicia no es igual para todos.
Lo malo, lo peor, es que los españoles, que no se sienten súbditos, están dejando de respetar a quién no rinde cuentas de sus actos.

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