Victoria Lafora – No se podía esperar.


MADRID, 30 (OTR/PRESS)

La marcha del secretario de UGT de Andalucía era necesaria y lo era con premura. La respuesta inicial de esperar a una reunión de la junta directiva el día nueve de enero, como si el turrón y las uvas fueran a calmar las aguas turbulentas que ensucian a la organización sindical, no era sostenible.
Aunque el dimitido Francisco Sevilla asegure que se va sin que nadie se lo haya pedido y con «una espina clavada», parece que en el origen de su marcha está una llamada conminatoria de Cándido Méndez. Lo de la espina queda bien como frase literaria pero el clavo se lo metieron sus compañeros de organización, aún en sus cargos, a la Junta de Andalucía a la que van a tener que devolver los dineros gastados en juergas y fastos, ajenos a su labor de defensa de los trabajadores.
El peligroso camino que había emprendido UGT, imitando a los partidos políticos, que cuando les pillan en un escándalo de corrupción apelan a la presunción de inocencia o a las «campañas de acoso y desprestigio», amenazaba con hundir el poco prestigio que les queda a las organizaciones sociales que están inmersas en la mayor crisis institucional desde la recuperación de la democracia.
Un ciudadano anónimo definió de forma concisa esta semana los sentimientos que despiertan UGT y CCOO entre trabajadores y parados: respeto al pasado, rechazo al presente y desconfianza frente al futuro. El personal se ha quedado huérfano de interlocutores frente a la desaparición del estado del bienestar y ha decidido recuperar sus derechos en la calle. Ni la reformada ley de seguridad ciudadana va a conseguir meter el miedo en el cuerpo los que, por perder, han perdido hasta su vivienda; ni a los parados sin prestación, ni a los docentes sin escuela, ni a los sanitarios privatizados.
Por mucho que el Gobierno trate de meter en el mismo saco el ultraje a la bandera, los insultos a la autoridad, el botellón o la prostitución, esta ley lo que pretende es silenciar la marea humana del descontento.
Amedrentados los manifestantes y con los medios de comunicación públicos controlados o cerrados, el deterioro de la imagen gubernamental no será tan evidente. O al menos eso piensan en Moncloa. Aunque la forma expeditiva y reaccionaria (con la policía por medio) de cerrar la televisión valenciana no ha gustado a un sector del PP que, aún creyendo que un medio que no sirve a su propaganda no tiene sentido, no le han gustado la formas.
Otra cosa es que los valencianos hayan visto por primera vez en su televisión a la portavoz de las víctimas del accidente del metro a la que se ha silenciado durante siete años. Pero, ¿hay que solidarizarse con el actual equipo de informativos que ha descubierto la libertad con tantos años de retraso?

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