Andrés Aberasturi – Las contradicciones de Hacienda


MADRID, 2 (OTR/PRESS)

De ser verdad -y por ahora no hay razones para dudarlo hasta Hacienda no demuestre los contrario- las informaciones sobre extrañas y contradictorias actuaciones de ese ministerio despiertan algo más que sospechas: resulta que ahora dan por válidas una serie de facturas o justificantes emitidas en 2007 por Diego Torres a Aizoon, sociedad patrimonial de los duques de Palma, para librar a la Infanta Cristina de un delito fiscal.

El problema surge cuando resulta que estos justificantes (por un importe total de 69.990 euros) habían sido considerados «ficticios» anteriormente por la propia Hacienda en un informe redactado en junio pasado y avalado además en su momento por la Fiscalía Anticorrupción.

Este tipo de actuaciones, en contra de lo que puedan pensar quienes, cambiando de criterio, creen beneficiar a la Familia Real, lo único que consiguen es levantar aun más todas las sospechas, poner en entredicho a la Justicia y abrir la veda para todo tipo de especulaciones y tratos de favor.

No sólo no se ayuda la Institución -que en asunto tan delicado no habría por qué- sino que se la pone a los pies de los caballos.

Lo dijo el Rey y lo repitió el Príncipe de Asturias: la Justicia debe ser igual para todos y los políticos no deberían ni rozar un asunto que debe ser dirimido en una sede judicial su parte publica y en familia en lo que pueda tener o no de privado el conflicto.

Si creen que con artilugios contables y aceptando como válidas facturas que en su momento se rechazaron están protegiendo la imagen de la institución monárquica, me temo que no se enteran de nada porque los más perjudicados por todo este embrollo son, precisamente, los Príncipes de Asturias que sin comerlo ni beberlo -y al parecer enormemente contrariados desde el principio con los tejemanejes de Urdangarín- se ven envueltos en la generalización que siempre se hace de estos temas en un lamentable lío que no es el suyo.

Forzar las cosas para que parezcan lo que realmente no son, no conduce a ninguna parte y si la infanta Cristina debe ser imputada, por el bien de todos, que lo sea y más pronto que tarde.

Que se expliquen, que se defiendan y que la Justicia demuestre su culpabilidad si la hubiera y de ser así que sean sentenciados como podemos serlo el resto de los españoles.

Cualquier otra cosa no sólo carece de sentido sino que es un atentado contra el estado de derecho y lo único que consigue es que el pueble desconfíe a la vez del Gobierno, de la Corona y de la Justicia.

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