Victoria Lafora – Nido de rojos.


MADRID, 7 (OTR/PRESS)

Ahora resulta que el ministro Montoro, ese que se no calla ni dentro del agua, ha descubierto que la Agencia Tributaria era un nido de rojos. Después de negar tajantemente la intromisión política en una agencia del Estado, donde trabajan básicamente funcionarios altamente cualificados, reconoce que la cascada de ceses que se ha producido esta semana fue porque la cúpula de la Unidad de Grandes Contribuyentes estaba «llena de socialistas».
Con ello viene a reconocer que los grandes contribuyentes, que cuando defraudan lo hacen por todo lo alto, no pueden estar en manos de socialistas dispuestos a perseguirles con especial saña. Dice también (el que habla mucho suele contradecirse) que los cesados no se encontraban a gusto con el nuevo director. Un cese no es una dimisión; por lo tanto, los relevos en la Agencia se han producido por la decisión del responsable de poner gente afín y de toda confianza en los cargos sensibles.
La institución, que vela por la igualdad ante el fisco de todos los contribuyentes, está metida en una vorágine de cambios en puestos claves; justo en el momento en que se conoce la multa a la cementera mejicana CEMEX y el despido fulminante de la inspectora que llevaba el caso, negándose a llegar a un acuerdo para dejar convertida en irrisoria la sanción impuesta por fraude.
Casualmente, también ahora, se ha conocido el sospechoso cambio de criterio de los inspectores que calificaron de «simuladas» determinadas facturas que Diego Torres, socio de Urdangarin, cruzó con la sociedad Noos y la patrimonial Aizoon. Ahora se determina que son auténticas, por lo que la infanta Elena se va a salvar de ser imputada por el juez Castro de delito fiscal.
Es fácil pensar que el inspector que se negó a dar por buenas unas facturas, que calificó como «casos notorios de inexistencia del servicio y de falsificación material de la propia factura», sea un peligroso socialista republicano, por más señas, que quiera ver a la hija del Rey sentada ante el juez y, con ello, crearle a Montoro un problema descomunal. Hay que tener mucho cuidado con a quien se le encargan determinados asuntos. Hay funcionarios que se acaban creyendo su función inspectora, sin caer en la cuenta de que en la Agencia Tributaria también hay clases.
La amnistía fiscal de Montoro ya dejó en evidencia cuál era el tratamiento fiscal que se propugna para los grandes defraudadores: que traigan sus fondos de vuelta a casa y con una multa irrelevante. Pelillos a la mar. El principio de ejemplaridad, imprescindible para concienciar a la ciudadanía de la dolorosa necesidad de pagar impuestos, se quebró como un cristal. Los ceses, bailes de nombres, la injerencia política en último término, van a acabar con los restos del prestigio de una institución como es la Agencia Tributaria, imprescindible en un estado de Derecho.

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