MADRID, 16 (OTR/PRESS)
La estrategia diseñada por el Presidente de la Generalitat, Artur Mas, y sus socios de Esquerra Republicana parece clara: anuncian la fecha y el texto de las dos preguntas que quieren someter a referéndum de la sociedad catalana sabiendo de sobra que esa acción es ilegal y que por tanto el Gobierno de España, como ha dicho el Presidente Rajoy, no puede autorizarlo, pero eso les sirve para ganar tiempo y presentarse ante los suyos como las víctimas del Estado central y opresor que no permite a los catalanes decidir libremente su futuro. Todo de manual, si no fuera porque esa táctica está ya muy vista.
Los nacionalistas hacen del victimismo una de sus principales maneras y formas de subsistir. Sin un «enemigo» exterior al que señalar como culpable de todos sus males no sabrían qué hacer. El problema es que ese es un camino muy peligroso porque juegan con los sentimientos de la gente y al hacerlo, la manipulación de los mismos es relativamente sencilla. Se envuelven en la bandera, en el idioma, en la cultura, que en principio deberían ser patrimonio de todos, nacionalistas o no.
Como decía, Artur Mas y quienes le han apoyado en esta convocatoria de referéndum ilegal, saben de sobra que éste no se va a llevar a cabo. Pero durante los cerca de doce meses que durará este pulso con el Estado, ellos aprovecharán para ganar adeptos para la causa y en el último instante, cuando previsiblemente el Gobierno de la nación recurra ante el Tribunal Constitucional la convocatoria de la citada consulta y este Tribunal la eche para atrás, entonces convocarán unas elecciones autonómicas de carácter plebiscitario a las que se presentarán unidos en una sola candidatura con la pretensión de lograr el mayor apoyo posible. Mientras tanto, los problemas y las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos catalanes, que son muy similares al del resto de los españoles, seguirán manga por hombro debido al capricho de unos gobernantes irresponsables.
El desafío independentista planteado por Mas y sus socios se veía venir hace ya tiempo aunque algunos no quisieran aceptarlo. Constituye un acto de deslealtad política e institucional de primer orden que merece una respuesta adecuada por parte de los diferentes poderes del Estado. No hay que olvidar que el Presidente de la Generalitat, como el de cualquier otra Comunidad Autónoma, es el representante ordinario de ese Estado en su territorio, por lo que su acto de insumisión y de rebeldía no debería quedar sin una respuesta contundente. Todos sabemos cuál sería el destino de un ciudadano que, por ejemplo, se declarara en rebeldía fiscal o que se negara a cumplir el código de circulación. Pues lo de Artur Mas y sus compinches es todavía mas grave.
