MADRID, 18 (OTR/PRESS)
El ultimo «armamento» encontrado por el Ministerio del Interior para controlar la calle, el camión-botijo, que tumba en el asfalto a los manifestantes con la presión de sus mangueras, no tiene promotor.
Su imagen, muy ligada a las dictaduras, y de cuyos desmanes queda memoria en este país, resulta anacrónica y represora. Tal vez por eso Jorge Fernández, ministro del ramo, que tan preocupado anda con unos desordenes públicos que solo ven sus ojos, dice que la idea no fue suya si no de la policía. Eso sí, firmará la factura de medio millón de euros que cuesta el invento para evitar «colocación de barricadas y quema de contenedores».
Como debe existir una seria disparidad de criterios entre los mandos de Interior, casi al mismo tiempo que el ministro se desvinculaba de la compra, el director general de la policía, Ignacio Cosidó, admitía que la criminalidad ha bajado los últimos dos años y que los manifestantes que reclaman derechos que han perdido tienen, en general, una conducta ejemplar. Es más, Cosidó reconocía que la nueva ley mordaza o de Seguridad no responde a una demanda ciudadana: «todo lo contrario».
Si las barricadas son un hecho anecdótico, si la quema de contenedores es puntual y aumentó con la pasada huelga de basuras en Madrid, si las manifestaciones de las diferentes «mareas» que defienden lo público, son las más cívicas de Europa, si los más de cinco millones de parados forman parte de la mayoría silenciosa, si las familias del millón y medio de hogares a los que se ha cortado la luz por impago, pasan frío, se tapan como pueden y callan, ¿para qué quieren un camión-botijo cuando tanta gente no tiene para comer?
El miedo a futuras y presuntas revueltas sociales, en la medida en que la mejora de la economía, tan publicitada por Rajoy y Montoro, alcanza al mundo financiero y de las grandes empresas pero no llega a los hogares, ha provocado una cascada de legislación preventiva de desordenes públicos muy propia de la derecha. Porque es a ese sector de su electorado al que el PP intenta retener con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y la de Seguridad Privada.
Por si las cuantiosas multas que fija la primera, o la posibilidad de que un vigilante privado pueda detener y cachear a un ciudadano en plena calle, no disuadieran a los manifestantes, ahora se compran un botijo. Menos mal que Cosidó también ha dicho que el cañón con los chorros de agua se utilizará con «proporcionalidad y prudencia». Lo que quiere decir que se va a intentar no tirar al suelo al grueso de la manifestación; solo darles una agradable ducha callejera. A los que tengan mal aspecto se les hará odiar el agua por el resto de sus vidas. La prudencia significa, seguramente, que se intentará no atropellarlos una vez que ya están empapados.
