MADRID, 30 (OTR/PRESS)
Dice mi compañero y amigo Luis Aizpeolea, de acreditada solvencia en cuestiones relacionadas con el laberinto vasco, que hay que estar vigilantes frente al revanchismo de la extrema derecha y el oportunismo político-mediático como pedruscos en el camino hacia el definitivo asentamiento de la paz, dos años después del adiós a las armas anunciado por la banda terrorista. Puede tener razón. Pero no hasta el punto de que la superioridad moral de los demócratas, que podemos permitirnos apelar a la generosidad del Estado de Derecho, vuelva a dedicarle una mirada distraída al inaceptable relato que los responsables de la banda y sus amigos políticos siguen proyectando en sus manifestaciones habladas o escritas.
Dicho sea por el comunicado difundido el pasado fin de semana por el colectivo de presos etarras, en el que se acepta la legalidad y se reconoce el daño causado. Sin embargo, ni media palabra sobre disolución, desarme, arrepentimiento y perdón. Por eso digo que conviene no desorientarse bajo la engañosa luz de dicho comunicado, a riesgo de enredarse de nuevo en su lenguaje y, sobre todo, en su versión sectaria de lo ocurrido en este medio siglo de nuestra reciente historia.
Aunque la aceptación de la legalidad, que incluye el tratamiento individual de los presos respecto a su eventual reinserción, es objetivamente una buena noticia, de ninguna manera puede ser valorada como un favor de los etarras al Estado que siempre quisieron reventar. La reinserción individual es un ámbito más de ordinaria aplicación de las leyes. Y, sin que nadie lo reclame o lo deje de reclamar, ya están legalmente previstos los beneficios penitenciarios, las redenciones de pena (ojo, con permiso de la doctrina Parot, perfectamente vigente para condenas posteriores a febrero de 2006) y los acercamientos a prisiones próximas al lugar de residencia del recluso.
Lo que pasa es que, en este caso, la política penitenciaria del Gobierno forma parte de la política antiterrorista. Es de cajón que si no hay terrorismo tampoco tendría sentido mantener el trato diferenciado de los presos etarras con su encarcelamiento en prisiones alejadas del País Vasco, por ejemplo. Y ahí entramos en el fondo de la cuestión. Sin desarme y disolución de la banda no podemos sostener que el terrorismo de ETA ha desaparecido de nuestras vidas. Así que sólo a partir de la disolución y entrega de las armas cabría hablar de una modificación de la política penitenciaria.
Por todo ello conviene relativizar la sensación de estar ante un paso importante en el camino hacia el asentamiento de la paz. Deberíamos partir de que la paz se asienta sobre la desaparición de quienes la alteran. Y de que es ETA la que está en deuda con la sociedad. Y no al revés. Sólo faltaba que tuviera premio la aceptación de la legalidad y el reconocimiento del daño causado. No nos están haciendo un favor. Es un síntoma más de su derrota frente al Estado de Derecho.
