MADRID, 3 (OTR/PRESS)
El caso Sacyr, en el canal de Panamá, debería llevarnos a una reflexión sobre el sistema de adjudicación de tantas obras y servicios por parte de todas las administraciones.
No entro en el tema Sacyr porque me falta información, y me temo que también formación, para emitir una opinión objetiva y honesta. Pero si me sirve como ejemplo de un sistema tan extendido en España, y me imagino que en otros muchos países, como es el concurso público.
El problema no es el modelo mismo porque seguramente no debe existir otro mejor; el problema está en las razones por las que, quien paga, adjudica el servicio o la obra y la irresponsabilidad, en muchas ocasiones, de quienes aspiran a ganar el concurso.
Naturalmente sobre el papel todo está perfectamente estudiado y la decisión que se tome -en la obra pública- debe ser ponderada descartándose las ofertas bajas por «temerarias» y las muy altas por «desproporcionadas». Pero la realidad suele ser muy otra.
De entrada las empresas que piensan presentarse un concurso suelen preguntar al amigo político de turno si merece la pena o no porque la obra ya está más o menos adjudicada o con un pliego de condiciones fabricado a medida. Mal comienzo.
Las empresas saben que incluso poniendo precios de mercado o algo más bajos, el coste final se va a disparar por todos los «peajes» que hay que ir pagando y si los ponen demasiado altos, no van a tener ninguna oportunidad.
La solución habitual es desinflar lo más posible el coste para tener opciones y, pese a toda la legislación que garantiza el cumplimiento del contrato siempre hay razones de urgencia o interés social por las que la obra pública termina triplicando lo acordado.
Pero llega luego la administración que sea y abre los sobres y pondera según criterios muchas veces inconfesables: descarto de entrada el tema de las «mordidas» directas porque serían de cárcel, pero en absoluto el de la «empatía» política de una determinada empresa y el partido que gobierne y debe tomar la decisión, tan inmoral como la «mordida» pero más finamente hecha.
Por si esto fuera poco, en tiempos de crisis -y me consta- el único objetivo es el bajo coste sin valorar en absoluto el resto de los puntos a tener en cuenta. Los resultados, claro, son los que son; pero una vez más nadie paga los platos rotos, ni la empresa que licitó sabiendo que era imposible su oferta ni, mucho menos, quienes la adjudicaron con un quebranto evidente para el dinero de todos.
Una vez más no-pasa-nada.
Y lo mismo se puede decir de los servicios. La gestión adjudicada a empresas particulares de servicios que ni pueden ni deben ser negocios rentables, es el pan nuestro de cada día.
En la Sanidad o los Servicios Sociales públicos no puede haber beneficios porque, de haberlos, tendrían que ser invertidos en mejorar esos servicios, siempre cortos y con listas de espera.
No hablo de iniciativas privadas: si usted abre un hospital o una residencia de ancianos sin ninguna ayuda de dinero público, cobre usted lo que quiera cobrar y será su problema sin gana o pierde; pero con lo de todos ese riesgo no vale y si unas empresas ajenas por completo al mundo sanitario o de servicios sociales, han visto un nicho de negocio en estos concursos y han improvisado sus ofertas, siento decir que la cosa no va bien.
Son empresas generalmente filiales de otras muy importantes capaces de mantener pulsos con la propia administración y mucho más cuando esa misma administración prefiere mirar hacia otro lado en cuanto empiezan los problemas anunciados y más que previsibles.
No me quejo del sistema de concursos -insisto en que quizás el único posible o más justo- sino de cómo se ha impregnado por la corrupción aceptada por ambas partes: unos engañando en sus ofertas y otros aceptando ese engaño sin vigilar después ni denunciar los incumplimientos.
No siempre, claro, pero hemos convertido los concursos públicos en una farsa inaceptable y convenida y así nos va. Al final somos todos los que pagamos los negocios de unos pocos.
