MADRID, 6 (OTR/PRESS)
Los compañeros de carrera en Eta se hicieron la foto de familia en Durango. Una orla para la posteridad. Sus nietos, quienes los tengan, la pueden encontrar antigua y vergonzante. Así que tal vez se conformen con la esperanza de que los suyos la declaren algún día de exposición obligatoria en los edificios oficiales de la Euskadi una, grande y libre por la que se jugaron la vida segando las vidas de los demás.
Esa es la síntesis apresurada del encuentro de confraternización celebrado el pasado fin de semana por los sesenta y tantos presos etarras excarcelados en aplicación de la reciente sentencia del Tribunal de Estrasburgo que tumbó el carácter retroactivo de la llamada doctrina Parot. La Audiencia Nacional no halló motivos suficientes para prohibir el acto. Al Gobierno, por boca de Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, le pareció «repugnante» (el acto, no la decisión judicial, se supone). Las fuerzas políticas reaccionaron de forma dispar. Y las víctimas del terrorismo se sintieron humilladas una vez más.
A la foto de familia de estos juguetes rotos como consecuencia del «conflicto» se le nota el piadoso borrado de las manchas de sangre por los 300 asesinatos que cometieron. Con semejantes antecedentes era inevitable sentir un escalofrío al saber que se han ofrecido a poner su «experiencia» y sus «vivencias» al servicio de la independencia que siempre reclamaron los nacionalistas, unos por las buenas y otros por las malas.
Entretanto, reclaman la amnistía, siguen apelando a la opresión del Estado contra el pueblo vasco como el pretexto blanqueador de sus crímenes, no se arrepienten de nada y nada dicen sobre la entrega de armas o una eventual disolución de la banda. Entre los periodistas que acudieron a cubrir el acto de los matarifes en el antiguo matadero de Durango, sólo uno se atrevió a preguntarles si habían pensado en pedir perdón a las víctimas y uno de los interpelados le replicó que si quería protagonismo debía buscarse un circo. El periodista fue expulsado de la sala por los gudaris de la libertad y esta vez no funcionó el corporativismo. Los otros informadores no se sintieron ofendidos en absoluto por el desalojo del atrevido colega.
Lo relevante del caso es que los 63 etarras, moralmente podridos y legalmente excarcelados, cuentan con el beneficio de la duda que el Estado de Derecho otorga incluso a quienes aspiran a reventarlo. Antes con la aplicación de la sentencia de Estrasburgo y ahora con la negativa del juez, Santiago Pedraz, a prohibir el acto. A pesar de todo, el debido respeto a las decisiones judiciales y la convicción de que el imperio de la ley no debe subordinarse a las emociones son razones suficientes para no caer en la tentación de acusar al Gobierno y los Jueces de favorecer la impunidad de los etarras. Eso no deroga el derecho a expresar la repugnancia que produce el discurso de estos criminales.
