MADRID, 7 (OTR/PRESS)
Estaba cantado y finalmente ha ocurrido lo previsible: que el juez José Castro ha imputado a la Infanta Cristina por un delito de blanqueo de capitales y otro fiscal, presuntamente cometidos en su condición de copropietaria de Aizoon, empresa familiar a la que se desviaron más de un millón de euros públicos desde el Instituto Nóos. Era un secreto a voces que el juez no iba a dejarse presionar ni judicial, ni política ni mediáticamente y eso por lo que tiene de ejemplar y ejemplarizante nos debería reconfortar al menos en parte con la Justicia.
Los detalles se dan en el auto de 227 páginas -según dicen el más argumentado de la historia- donde se cita a declarar a la hija pequeña del Rey el sábado 8 de marzo, curiosamente el día de la mujer trabajadora ¡Que casualidad!. A las diez en punto de la mañana la infanta hará el temido «paseíllo» y no está demás volver a recordar, que la condición de imputada no significa ni acusada ni condenada y lo que da es derecho a que pueda defenderse con asistencia letrada.
Es cierto que los delitos que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma atribuye a Doña Cristina están severamente castigados por el Código Penal, pero me da la sensación de que, finalmente, ni siquiera será acusada de los mismos y mucho menos juzgada. Es verdad como se ha recordado que el blanqueo de capitales conlleva una pena de cárcel de hasta seis años, además de una multa que puede ser del triple de la cantidad de dinero «lavada», y que se puede solicitar un máximo de cinco años de estancia en prisión y una sanción pecuniaria de hasta el séxtuplo de la cifra distraída a Hacienda, pero intuyo que tales peticiones no serán formalmente realizadas.
El magistrado instructor lo tiene claro y sostiene que la contabilidad de Aizoon, sociedad instrumental que en estos momentos preside la duquesa de Palma, «distaba mucho de ajustarse a la realidad». Y tilda de «fiscalmente opaco» el reparto de dividendos entre los dos titulares de la empresa familiar: Cristina de Borbón y Grecia e Iñaki Urdangarin. Hasta ahí los hechos por los que una infanta de España por primera vez en la historia ha sido imputada, pero si feo es el asunto sus consecuencias han sido y pueden ser devastadoras para la institución como tal. No le falta razón a Rafael Spottorno cuando habla de que la resolución del caso Nóos está siendo un martirio, pero sobre todo por no haber querido coger ese «toro por los cuernos» desde el primer momento.
Yo misma he escrito varias veces que lo que rodea este caso y especialmente la actitud de Hacienda al respecto ha sido una historia de opereta, un enredo que debía ser aclarado con urgencia para dejar claro que este no es el país de la chapuza ¿o sí? Pero sobre todo lo importante es que se cumpla lo que reza nuestra Constitución eso de que todos somos iguales ante la ley aunque unos esta claro que siempre lo son más que otros.
Este asunto es de tal gravedad que puede arrastrar con él a una institución que siempre ha estado a la altura en toda nuestra etapa democrática. No es baladí que, según las últimas encuestas, por tercer año consecutivo aumente la visión negativa sobre la monarquía, que los ciudadanos vean al Rey incapaz de recuperar su prestigio perdido y aumenten quienes hablan de abdicación. El caso Nóos no ha sido el único culpable del desastre, pero sí ha influido decisivamente en tal descrédito.
El martirio ha sido en parte motivado por tanto desatinó cometido en tan corto espacio de tiempo, tanto despropósito de sus protagonistas y tanto espontáneo que a «río revuelto» quiere sacar ganancia para según qué pescadores. El modelo de Estado no debería estar en cuestión pero lo está y aunque en España sigue habiendo muchos juancarlistas los monárquicos cada vez son menos. De cómo acabe todo esto tendrá mucho que ver el futuro que aunque, no está escrito, se está escribiendo peligrosamente…. El tiempo lo dirá-
