MADRID, 10 (OTR/PRESS)
No hace falta procesar las intenciones de nadie, las del ministro, las de su jefe de Prensa, las de Moncloa, vaya usted a saber, para llegar a la conclusión de que las detenciones de personas supuestamente encargadas de conectar a los presos con la dirección de ETA están cargadas de significado político. La política es un ámbito de la actividad pública animado por el principio de oportunidad. En consecuencia, discutido y discutible. Depende de la ubicación del observador, a su vez determinada por las ideas y los intereses de cada cual.
De un lado de la barricada política se califica la operación de la Guardia Civil de «error», «paso atrás en el proceso de paz», «de orientación mediática», «oportunista» «contraproducente», etc. Del otro, todo lo contrario, especialmente en el sector más conservador del PP, dizque liderado por Aznar, con Mayor Oreja y Esperanza Aguirre entre sus más renombrados exponentes, al que el presidente Rajoy estaría tratando de aplacar después de una pesada digestión por el caso Bolinaga, la sentencia de Estrasburgo sobre la doctrina Parot y la orla de Durango.
Esas son las dos claves políticas manejadas en los cálculos de Moncloa. La primera le enfrentaba -le enfrenta- al riesgo de haber reforzado el efecto llamada de la manifestación en solidaridad con los presos que, mucho antes de producirse las detenciones, ya estaba convocada para este sábado en Bilbao. Y la segunda le liberaba -le libera- de la presión del llamado tea party del PP, convencido de que el Gobierno es demasiado comprensivo con los movimientos de ETA y sus amigos desde el presunto adiós a las armas de octubre de 2011.
Es evidente que Rajoy se centró en la segunda clave como la mejor de las opciones o la menos mala. Lo cual, entre otras cosas, quiere decir que tratar de templar gaitas en el ala radical del PP viene a compensar el riesgo de que las detenciones multipliquen la asistencia de manifestantes en Bilbao. Faltan pocas horas para saberlo y crece el temor de que, por desgracia, las detenciones han tenido un efecto movilizador añadido.
A quienes sí han movilizado es a los socialistas vascos, que han compartido la percepción de esta ofensiva policial como «un obstáculo» en el esperanzado camino hacia la recuperación de la paz y la convivencia democrática en Euskadi. En esos términos ha publicado una declaración institucional el Ayuntamiento de San Sebastián en el que los socialistas han acabado uniendo su firma a la de las dos fuerzas nacionalistas (Bildu y PNV) representadas en la Corporación.
Si nos apeamos de la perspectiva política y nos quedamos solo con la judicial, el asunto ofrece pocas dudas. Mientras ETA no desaparezca existirá el delito de pertenencia a banda armada. Los detenidos, o algunos de ellos, trabajaban presuntamente a las órdenes directas de la actual dirección de ETA. Y en ese supuesto los poderes públicos solo tienen un camino: cumplir y hacer cumplir la ley.
