MADRID, 17 (OTR/PRESS)
Cualquier palabra dicha respecto de la deriva independentista planteada por el «Govern» de Cataluña ya es una palabra de más. Los ciudadanos que no se dejan arrastrar por la propaganda política saben que con la Constitución vigente, no tiene cabida una respuesta afirmativa a la petición del «Parlament» para que le sean transferidas las competencias para convocar una «consulta de soberanía».
En democracia las leyes se cambian con otras leyes. Lo que equivale a decir que en el caso que nos ocupa quienes deberíamos ser consultados acerca del hipotético futuro independiente de Cataluña somos todos los españoles, no solo los catalanes. Si quienes promueven el movimiento separatista saben que la iniciativa aprobada será rechazada por el Parlamento Español, ¿para qué tanto alarde? Cabría preguntarse. La respuesta es sencilla: porque entienden que ese rechazo anunciado alimentará el victimismo. Represará en forma de sentimiento de agravio; fermentará en nuevas adhesiones a su proyecto.
Un proyecto que, excluida la vía insurreccional -afortunadamente no parece estar en la mente de nadie- tendrá una salida en forma de convocatoria anticipada de elecciones. Con esto quiero decir que la votación del jueves en el «Parlament» ha sido el primer acto de la campaña electoral para convertir los próximos comicios autonómicos en unas elecciones plebiscitarias. De la mano de ERC, en única «lista patriótica», o por separado (ya veremos qué pasa con Durán Lleida y Unió), Artur Mas jugará su última carta política. Llegados a ese momento -que será tras el 9 de Noviembre, fecha anunciada para una consulta que no abrirá urnas-, ya veremos qué pasa. No es lo mismo votar en unas elecciones amparadas por la ley que moverse en un registro que pretende inferir sentimientos.
Artur Mas juega a convertir en virtud el error que cometió al interpretar mal el mensaje de la Diada del 11 de Septiembre de 2012 y anticipar los comicios. Confía en que esta vez la cosa le pude salir bien y coronar así su verdadero objetivo, el auténtico «plan B»: seguir en el Palacio de San Jordi. Seguir en el poder. Quejándose de lo mal que la «pérfida España» trata a Cataluña, pero sin bajar del coche oficial desde el que defiende los intereses de las trescientas familias que desde hace trescientos años mandan en el «Principat».
