MADRID, 21 (OTR/PRESS)
La decisión del Gobierno, tomada a finales de diciembre, de que algunas retribuciones a los trabajadores como los vales de comida o los plus de transporte pasen a cotizar a la Seguridad Social ha levantado un gran revuelo entre los empresarios.
Alegan que el momento no es el más oportuno para incrementar las cotizaciones y que ya habían cerrado las nóminas de diciembre, cuando entró en vigor la medida.
Entre los sindicatos no hay unanimidad. Parece que mientras Comisiones Obreras estaría de acuerdo, UGT lo rechaza. El Gobierno alega para tomar esta medida que el aumento de los ingresos sujetos a cotización beneficia a los trabajadores a la hora del cobro del desempleo o de la jubilación.
El sindicato socialista y otros colectivos creen que con esta medida lo que ocurrirá al final es que el empresario se ahorrará el mayor gasto en cotizaciones por la vía de suprimir esos beneficios al trabajador. Es decir, que más tarde o más temprano, los asalariados que ahora gozan del vale para la comida o para el transporte directamente van a perder esas mejoras.
En las próximas horas podría producirse una reunión entre gobierno y patronal y veremos qué sale de ella. El Gobierno podría retrasar la entrada en vigor de esta medida que de hecho entró en vigor en la penúltima semana de diciembre.
Entre los empresarios existe el convencimiento de que la ministra Bañez va a hacer algo al respecto, aunque no tienen muy claro cuál o cuáles serán los pasos.
El ministerio alega en el caso, por ejemplo, de los vales de comida que afecta apenas a 270.000 trabajadores, cifra que los empresarios elevan por encima de los 500.000. Dicen, además, que esta medida va a suponer la pérdida de unos 10.000 puestos de trabajo en la hostelería.
La verdad es que la decisión ya aprobada es buena para el trabajador si el empresario no suprimiera estos beneficios. Está claro que cuánto más parte del salario cotice mejor para el resultado final en pensiones o en cobro de desempleo.
En realidad, estas cantidades en comida o transporte sí son parte de la nómina y como tal pagan impuesto sobre la renta. Veremos cómo termina este episodio por el que el gobierno espera recaudar en torno a los 900 millones de euros que es, en parte, de lo que se trata.
