MADRID, 5 (OTR/PRESS)
El reciente informe de la Unión Europea sobre corrupción en los países miembros y el conjunto de la misma nos trae el consolador mensaje de no estar solos haciendo trampas. Sobre todo en la vida pública, pero también en la privada. Mal de muchos, consuelo de unos muy pocos: España, Grecia y e Italia, los tres primeros en el vergonzante ranking de países aventajados en practicas corruptas. Y por eso el estudio encargado por los jerarcas de Bruselas nos dedica un capítulo especial donde aparecen los casos abiertos. Los más importantes, excepto los que afectan a la familia del Rey. Sin decir ni un solo nombre aunque la descripción es inconfundible, por ejemplo en los casos del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, y el sindicato UGT.
Con el paso de los días, por no decir de las horas, el informe de la UE ya está necesitado de actualización. Por afloramiento de nuevas pruebas documentales sobre el manejo de dinero negro en el PP que implican al ex secretario general, Francisco Alvarez Cascos, y dejan constancia de que este partido compró acciones de un medio de comunicación con cargo a la famosa contabilidad B. Siempre según los informes policiales. Respecto al inacabable caso de los EREs, que afecta a la UGT y a la Junta de Andalucía, también hemos ido sabiendo cosas nuevas que siguen aumentando el alcance del escándalo.
Estamos acostumbrados. Ojo al dato: más de cinco mil casos de corrupción denunciados en España entre 1996 y 2009. Vamos bien servidos de memoria amarga. Siempre saldremos perdiendo en la comparación con países como Holanda, Francia, Austria, Reino Unido o Alemania, donde más de la mitad de sus respectivos ciudadanos también creen estar rodeados por la corrupción. En España eso mismo lo creen 95 de cada 100 personas. Y en el conjunto de la UE nos sale al paso otra verdad aritmética: tres de cada cuatro europeos creen estar viviendo en medio de una corrupción generalizada.
En cuanto a diagnósticos y terapias, no hay en el informe de Bruselas sobre la corrupción en nuestro país nada que nos suene a nuevo. La financiación de los partidos, el negocio inmobiliario y la contratación de obra pública son los caladeros de los corruptos, por acción, por omisión o por colaboración necesaria. La lentitud de la justicia, aliada con el compadreo de los políticos, aumenta la sensación ciudadana de que reina la impunidad. Y, en general, muchos motivos para poner en duda la voluntad de combatir el problema por parte de gobernantes y clase política. Me refiero a la parte no contaminada de esos servidores de lo público, que es mayoritaria. Siempre reaccionan igual. A la defensiva. El miedo al escándalo bloquea el deber de colaborar con la Justicia. Se vio en el caso de UGT y Junta de Andalucía, negando las evidencias hasta que se les vino encima el tsunami judicial y mediático. Y lo hemos visto en el caso Bárcenas, con tácticas dilatorias del PP, destruyendo discos duros o acusando al PSOE de haber urdido el caso Gürtel como venganza política.
