Antonio Casado – Urkullu se mueve


MADRID, 7 (OTR/PRESS)

El lehendakari ha declarado públicamente que en Moncloa ha topado con un muro de inmovilismo. Así resume su discreta cita del martes en Moncloa, cuando dejó sobre la mesa de Rajoy su Plan de Paz y Convivencia. Una guía para el «final ordenado de la violencia de ETA y sus consecuencias». Urkullu quiere llevar a cabo ese conjunto de iniciativas (dieciocho) sin salir del marco legal, aunque no está claro el encaje si tenemos en cuenta sus límites. Al menos los referidos a un eventual cambio de la política penitenciaria que pretende la excarcelación escalonada pero total de los presos etarras. Reparemos en la vigencia de la doctrina Parot para etarras condenados después de 2006 (sentencia del TS sobre redención de condenas).
La propuesta se formula a la luz del mandato constitucional que señala la reinserción social y la reeducación como objetivos de la política penitenciaria. Así que Urkullu pide al Gobierno el uso de todas las herramientas legales tendentes a favorecer la reinserción por arrepentimiento. Tales como los acercamientos a cárceles próximas al País Vasco, los terceros grados, los permisos de fin de semana, las salidas por trabajo o las redenciones de condena (ahí topamos con la norma que obliga a descontar de la pena total, no del máximo de 40 años previstos para delitos de terrorismo). En una fase final del tratamiento individualizado quedaría el indulto decretado por el Gobierno.
Se rumorea que ETA podría anunciar el desarme y la disolución a cambio de una amnistía. Pero no está en condiciones de reclamar nada ni el Estado tiene necesidad de pagar ahora un precio que no pagó cuando la banda lo exigía bajo chantaje terrorista (amnistía, entre otras cosas). Rajoy debe atenerse al estricto cumplimiento de las leyes. El camino es exigir la disolución unilateral de ETA y huir de los atajos para acelerar el trámite. Sin embargo en el plan del lehendakari se considera apremiante la suavización de la política penitenciaria al objeto de favorecer el desarme definitivo y la reeducación social de los etarras, cuando el orden lógico debería ser el contrario: los presos, uno a uno, van ofreciendo su voluntad de reinsertarse por arrepentimiento y, en consecuencia, se suaviza la política penitenciaria. De ese modo se proyecta la carga de la prueba sobre quienes causaron el mal (medio siglo de terrorismo) y no sobre quienes lo sufrieron.
ETA está en deuda con sus víctimas y con la sociedad. No al revés. Es la lógica de Rajoy al mantener la política penitenciaria como pieza de la política antiterrorista a la espera de la disolución de ETA. A eso llama Urkullu «inmovilismo». Y a eso se refieren quienes califican de «ingenuidad» que los demócratas se limiten a esperar sentados el comunicado de disolución si previamente no se hace algo para merecerlo. Otros creemos que los ingenuos son quienes creen que les basta esperar sentados a que antes o después el Gobierno saque de la cárcel a los etarras sin que estos hagan algo para merecerlo.

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