MADRID, 10 (OTR/PRESS)
Somos muy amigos de elevar lo anecdótico a categoría. Y de mezclar el comportamiento del individuo con el del grupo. De modo que la valoración del comportamiento de la infanta Cristina ha de ser necesariamente solidaria, indulgente, comprensiva, so pena de pasar a formar parte de una supuesta conjura contra la Corona. Con semejante plantilla argumental no faltan estos días quienes colocan al juez Castro -instructor del caso Nóos- en primera línea de la ofensiva monárquica por haber puesto en apuros a la hija del Rey.
Pues, no, mire usted, algunos no estamos dispuestos a banalizar el funcionamiento del Estado de Derecho y los reproches por una conducta personal (éticos y en su caso judiciales) hasta el punto de considerarlos un pretexto para desestabilizar a la Monarquía. La institución está por encima. A pesar de los graves desperfectos que ha sufrido su imagen, no existe una demanda generalizada de carácter abolicionista. Ni siquiera entre quienes han llegado a reclamar la abdicación de don Juan Carlos con los ojos puestos en el Príncipe de Asturias que, hoy por hoy, es la imagen excelente y prometedora del futuro de la institución.
Por tanto, sostener que, a pesar de los pesares, la Monarquía está enraizada en la sociedad española, tal y como se organiza desde el punto de vista político y jurídico, es perfectamente compatible con la crítica al comportamiento personal de doña Cristina durante su comparecencia judicial del sábado pasado en los Juzgados de Palma. Con la misma firmeza se puede hacer una profesión de fe en el futuro de la Monarquía Parlamentaria y reprobar las respuestas evasivas de la infanta.
Al irse por los cerros de Ubeda no se diferenció de tantos y tantos personajes públicos pillados en falta a la hora de confesarse ante un juez. En descargo de la hija del Rey se apela a su derecho a defenderse en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano en esa situación. Y ese es el nudo de la cuestión, porque ella tiene el privilegio y la servidumbre de no ser una ciudadana cualquiera. Al menos desde el punto de vista ético, el único en el que nos podemos mover quienes no fuimos juez ni parte en la sala de vistas de los Juzgados de Palma. Y sólo en ese ámbito, por ahora, se detectan los desperfectos en la imagen de la Corona. El ámbito judicial es de carácter técnico. Conoceremos el desenlace cuando toque, pero mientras tanto los ciudadanos tienen derecho a emitir su parecer en el plano moral.
La esposa de Urdangarín es una mujer de su tiempo, licenciada en Ciencias Políticas y máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Nueva York. Sin embargo, alega ignorancia respecto a los negocio de su marido y de la propia sociedad familiar, dice que firmaba sin mirar lo que Urdangarín le ponía delante y no sabía que hacía gastos personales como si fueran gastos de explotación. ¿Nos lo creemos? Mejor que no, para no dejarla por lela. Es preferible tomarla por mentirosa. Sale ganando.
