MADRID, 12 (OTR/PRESS)
Con la toma en consideración del Congreso, el martes por la noche, sólo con los votos del PP (179 a favor, 163 en contra) ha comenzado la tramitación parlamentaria de la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial. Un caballo de Troya donde va lo que puede ser un apagón del principio de Justicia Universal. Mientras esté vigente en países como el nuestro, supone la abolición des fronteras cuando se trata de perseguir los llamados delitos de lesa humanidad. A saber: genocidio, crímenes de guerra, ejecución extrajudicial, desaparición forzada y torturas.
Si se llegara a aprobar la reforma propuesta por el PP, que es lo más seguro teniendo en cuenta su mayoría absoluta, el PSOE ya ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional por violación del principio de tutela judicial efectiva (artículo 24 de la CE).
Por su parte, la familia de José Couso, el periodista abatido por militares norteamericanos en Bagdad (2003), está dispuesta a llegar hasta el Tribunal Europeo de los de los Derechos Humanos si esta causa abierta en la Audiencia Nacional se archivase como consecuencia de la mencionada reforma legal.
Aunque no se declara formalmente abolido el principio, ese sería el efecto de hecho -y de derecho, claro-, por las restricciones propuestas. Se desprenden básicamente de establecer que los jueces españoles solo serían competentes para investigar este tipo de delitos cuando «el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas».
Eso dejaría fuera todas las causas abiertas en estos momentos en la Audiencia Nacional en virtud del principio de jurisdicción universal. Entre otras, los genocidios en Tibet, Guatemala, Ruanda y Sahara. Y quedarían impunes los asesinatos del padre Ellacuría (1989) en El Salvador, del diplomático español Carmelo Soria en el Chile de Pinochet (1976) o del mencionado periodista José Couso en Irak. Según la doctrina oficial del PP, todos esos procedimientos han sido una «fuente permanente de conflictos diplomáticos» que ha servido para «crear muchos problemas y no resolver ninguno».
Al menos hay que agradecer la sinceridad de reconocer que se trata de una reforma instrumental. Por razones practicas. Alguna tan urgente como apaciguar al Gobierno chino, francamente contrariado porque un juez español se haya atrevido a dictar una orden de detención internacional contra el ex presidente y el ex secretario general del Partido Comunista, Jian Ze Min y Li Peng, por sus responsabilidades en el genocidio de los pobladores del Tibet en las décadas ochenta y noventa.
Fue bonito mientras duró. Pero ya se ha visto que el principio de Justicia Universal es de imposible aplicación porque ataca el fundamento de las relaciones internacionales: los intereses, por supuesto, nunca los ideales.
