MADRID, 15 (OTR/PRESS)
Resulta, cuando menos, paradójico que quienes se rasgan las vestiduras defendiendo el derecho a la vida de un embrión, miren de soslayo, casi justificándola, una tragedia como la de Ceuta en la que han muerto al menos trece inmigrantes que luchaban desesperadamente, movidos por la búsqueda remota de una vida más digna. Pero así son las cosas.
Las imágenes que vamos conociendo ponen en evidencia la actuación de unas fuerzas de seguridad que, tradicionalmente, se han caracterizado por su comportamiento humanitario. Frente a esos guardias civiles que no dudaban en arriesgar su vida por la de otro ser humano, que arropaban a los inmigrantes ateridos, o que portaban amorosamente a un negrito recién nacido, estos otros que disparan bolas de goma a unos subsaharianos que trataban de alcanzar a nado y exhautos la playa española, como ha reconocido finalmente el ministro del interior, Jorge Fernández Díaz, tan sensible para unas cosas y tan insensible para otras.
Porque es evidente que si la guardia civil actúa de una determinada manera es porque ha recibido órdenes concretas al respecto. Y el máximo responsable del benemérito cuerpo, Arsenio Fernández de Mesa, que no ha dudado en amenazar con querellas criminales a quienes han injuriado en los últimos días a los agentes de Ceuta, debería dar explicaciones claras sobre las manifiestas contradicciones que ha habido entre sus declaraciones y las de su ministro, respecto al uso o no uso de material antidisturbios y, más concretamente, de balas de goma. Dar claras explicaciones y luego dimitir. Si no es así, si no tiene la decencia de dimitir, su jefe, o el jefe de su jefe, debería obrar en consecuencia y destituirlo fulminantemente.
Desde Bruselas, la comisaria de interior, Cecilia Malmström, dice sentirse muy preocupada por la actuación de la Guardia Civil, y pide explicaciones a las autoridades españolas por la utilización de balas de goma para disuadir a los inmigrantes en Ceuta.
La comisión, a su vez, se reserva el derecho de dar los pasos adecuados cuando haya pruebas de que un Estado miembro haya vulnerado la legislación de la UE. Todo esto está muy bien, pero Bruselas debería también estudiar detenidamente el problema de nuestras fronteras, que son las suyas, las de Europa, y encontrar una solución eficaz en vez de hacer reproches a toro pasado mientras se mira, también de soslayo, el fondo del asunto.
