Me parece injusta y alejada de la realidad la acusación (nace en las filas del PP y en ciertas organizaciones de víctimas) de que el Gobierno Rajoy es indulgente con la banda terrorista ETA. Pero nunca faltan testimonios que lo desmienten. El último nos remite a la prisión incondicional dictada por el juez Moreno hace un par de días para los etarras detenidos el domingo pasado en Mexico, en aplicación de una orden cursada por Moncloa. Que se haya detenido 22 años después de su huida a Itziar Alberdi y Jesús Narváez, dos de los terroristas más sanguinarios, es buena prueba de que ni a este ni al anterior Gobierno se le ocurriría ordenar a la Policía y la Guardia Civil cerrar la investigación de los asesinatos que aún están por resolver.
Tampoco se ha bajado la guardia por hechos del presente. Ahí tenemos el reciente y doble golpe a la ya de por sí muy debilitada estructura de ETA. Me refiero al encarcelamiento de la abogada Arantza Zulueta, que controlaba con mano de hierro a los presos, y a la detención en Londres del etarra Antonio Troitiño, que se había integrado en el aparato de refugiados y huidos, a las órdenes directas de la dirección. Un marco de actuaciones policiales en el que se cruzan los consabidos «gestos» de ETA y sus amigos en relación con esa especie de paz negociada a través de mediadores internacionales. Hace unos días, dos portavoces de los presos anunciaban la disposición de estos a abrir formular peticiones individuales de acercamiento al País Vasco.
Los responsables de la política antiterrorista han explicado que no hace falta solemnizar el anuncio si realmente quieren cumplir la ley, porque, en este caso, deben atenerse en sus peticiones a lo previsto en el vigente Programa de Reinserción, elaborado para la población reclusa en general, aunque en el caso de los presos de ETA haya tenido hasta ahora un escaso resultado. Como es sabido, el programa contempla como condiciones previas y necesarias el arrepentimiento y el compromiso firmado de que el solicitante tiene voluntad de colaborar con las «autoridades».
O sea, que al Gobierno no le impresionan esas escenificaciones que recuerdan la imagen del boxeador que hace aspavientos en un rincón del ring pero el rival lo mira como las vacas miran al tren. Marianismo puro y duro. La respuesta no puede ser otra que la aplicación de la ley penitenciaria, considerándola un elemento de la política antiterrorista mientras no haya disolución de la banda, aunque no lo vean así algunas asociaciones de víctimas. El respeto que merecen no impide reconocer su pluralismo. Unos estaremos más de acuerdo con unas que con otras. Y el que subscribe discrepa absolutamente de quienes sostienen que el Gobierno ha bajado los brazos en la lucha antiterrorista o que está actuando como un colaborador necesario de la banda para ayudarles en sus fines. Qué barbaridad.
